El Gobierno no aplicará la custodia compartida a los padres que no la deseen
El Consejo de Ministros acordó hoy iniciar el trámite para poner en marcha el anteproyecto de reforma de varios artículos del Código Civil referidos a los procedimientos de disolución del matrimonio, y que incluye una disposición transitoria por la cual serán sometidos a esta reforma todos los procesos de seperación y divorcio en curso, decenas de miles, según explicó en la rueda tras el Consejo el minsitro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. La reforam entrará en vigor en 2005. El Gobierno, que abrirá ahora un periodo consultivo antes de remitirlo al Congreso, pretende cumplir tres objetivos: simplificación de trámites, eliminación de las causas que ahora es necesario alegar, invocar y probar ante la autoridad judicial para obtener la separación o el divorcio, y garantizar los derechos de la parte que pueda resultar perjudicada por la terminación de la relación conyugal, si la hubiere, y siempre y en todo caso los derechos de los menores afectados. En relación a este último punto, sobre la preocupación expresada por colectivos de mujeres en relación a la custodía compartida, López Aguilar dejó claro que "en ningún caso se va a imponer la custodia compartida a los cónyuges que no la deseen o contra uno de los cónyuges que la objete de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. , y desde luego en ningún caso contra los menores" El ministro subaryó que se establece la posibilidad de que pueda ser acordada este tipod e custodia, para lo que se ofrece raznoablemente esa posibilidad que ahora no existe. "Es una posibilidad disponibe para las partes, y sobre la que el juez dispondrá siempre en beneficio de los hijos", aclaró López Aguilar. El ministro de Justicia explicó hoy que la reforma de la ley del divorcio reducirá el coste económico, procesal y emocional de estos procesos, que cuando se implanten los juicios rápidos en el ámbito civil, podrían resolverse en diez días en los casos de mutuo acuerdo. López Aguilar compareció en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. El anteproyecto, explicó, prevé que en los divorcios de mutuo acuerdo los cónyuges presenten al juez un convenio regulador que incluya junto a la disolución económica del matrimonio la modalidad de custodia que se quiere mantener, acuerdo que deberá "validar" el juez. En los casos de litigio, el juez podrá otorgar esa custodia compartida "en interés del menor" y la nueva norma establece la posibilidad de que el magistrado pueda pedir el dictamen de especialistas. En cualquier caso, destacó el titular de Justicia, la filosofía es procurar no separar a los hermanos. López Aguilar explicó que ahora se abrirá un proceso consultivo con asociaciones y organizaciones y se remitirá el anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General de la Abogacía con el objetivo de que se apruebe en el Parlamento por unanimidad. El anteproyecto cuenta con una disposición transitoria que establece que la norma será de aplicación a todos los pleitos que se encuentren en curso, con lo que quienes actualmente estén a la espera de una sentencia de separación cuando entre en vigor la ley podrán obtener el divorcio. Hasta ahora era obligado obtener la separación antes del divorcio y sólo pasado un año se puede demandar esta ruptura definitiva; con el anteproyecto el divorcio y la separación se convierten en dos opciones diferentes y se podrán solicitar directamente. Sólo habrá que esperar tres meses después del matrimonio en los casos en los que la ruptura no se realiza de mutuo acuerdo, exigencia que no será válida en los casos de malos tratos. Junto al ahorro económico que supondrá para las parejas, López Aguilar destacó el beneficioso impacto de la supresión del doble proceso para "la saturación de laadministración de Justicia" y, sobre todo, para evitar las tensiones propias de losprocesos de ruptura. Para ello se elimina también en el anteproyecto la obligación de alegar causas deseparación y divorcio, exigencia que, en la práctica, suponía que uno de los cónyuges quedaba ante el juez como "culpable" y que, según López Aguilar, era también el motivo por el que "abrumadoramente" fueran las mujeres quienes obtenían la custodia de los hijos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que la reforma del divorcio complementa la ley integral contra la violencia de género, pues dos de cada tres casos se registran en parejas en proceso de separación. Con la ley actual, explicó Fernández de la Vega, el Estado pregunta a los cónyuges por qué se quieren separar y muchas veces les pide pruebas; "no tiene sentido, nadie tiene que justificar por qué se casa y nadie tiene que justificar por qué se separa". Respecto a las pensiones, el anteproyecto prevé que la pensión compensatoria pueda ser vitalicia, temporal o un tanto alzado -un porcentaje de los ingresos en un tiempo delimitado, un porcentaje del patrimonio o una cantidad en una única entrega-. En este contexto López Aguilar destacó que la norma establece las condiciones de las que dependerá el establecimiento de la pensión para uno de los cónyuges en atención, por ejemplo, a la edad, la salud, la cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral, la dedicación pasada a la familia y la duración del matrimonio. El ministro de Justicia aseguró que con esta ley se cumple un compromiso "central" del Gobierno para extender los derechos de la ciudadanía. En 1981, la ley del divorcio se redactó con "cautelas y dificultades procedimentales" debido a las dificultades del momento, pero 23 años después, subrayó, la maduración de la sociedad, la experiencia y la realidad obligan a reformarla.
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