Gobierno central y Generalitat negociarán otra Ley para devolver los «papeles» a los Ayuntamientos
Aunque el Gobierno lo niega, la Generalitat confirma que se negociará una futura Ley de la Memoria Histórica para devolver los papeles a todos los consistorios de España

MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil, y que se encuentran custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca, así como la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que se pondrá en marcha en el plazo de un año.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comunicó la aprobación del Proyecto de Ley, que ha deparado dos importantes novedades. Una de ellas se refiere a la devolución de documentos a particulares, no sólo de Cataluña, sino de todas las Comunidades Autónomas. La Ley incluye una disposición adicional que especifica que cualquier particular de España, «independientemente del territorio en el que vivan», podrá solicitar la restitución de algún documento que se le haya incautado durante la contienda y del que demuestre su titularidad. «No podemos discriminar la petición de los particulares, vivan donde vivan, y todos los herederos o titulares directos tienen derecho a reivindicarlos -afirmó a ABC la ministra de Cultura-. El régimen franquista ya devolvió documentos y desde la creación de la Constitución se han producido muchas peticiones. La devolución de estos documentos no es nada extraño en un proceso de democratización».
Se devolverá un 3 por ciento
La segunda, y más importante novedad, es la futura inclusión de los Ayuntamientos en una Ley posterior. La vicepresidenta del Gobierno apuntó que no se ha contemplado en este Proyecto «de acuerdo con el dictamen del Comité de Expertos, que recomendaba que se efectuase una ponderación entre los valores simbólicos de la restitución a los Ayuntamientos y el hecho de mantener la unidad del Archivo». Sin embargo, y aunque los consistorios no hayan sido incluidos en esta ocasión, hay planes de incorporarlos en una futura Ley, según anunció ayer Josep Cruanyes, miembro de la Comisión de la Dignidad y uno de los miembros catalanes del Comité de Expertos durante la rueda de prensa ofrecida por la consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras. «Esto no significa que no se devuelvan, sino que se hará a partir de una Ley sobre la Memoria Histórica en la que se incluirá la devolución de los documentos de todos los Ayuntamientos españoles», aseguró Cruanyes. Fuentes de la Consejería de Cultura confirmaron a ABC que el Gobierno ha emplazado a la Generalitat a la aprobación de una futura Ley de la Memoria Histórica para devolver los papeles a los consistorios. La ministra de Cultura no quiso confirmarlo.
«Lanzarote deberá cumplir la Ley»
En cuanto a la devolución de los documentos originales a Cataluña, «una parte que no supera el 3 por ciento del total del Archivo», Fernández de la Vega subrayó que ésta es «legítima, porque los documentos fueron de la Generalitat e incautados ilegítimamente». Asimismo, matizó que en el Archivo de Salamanca se mantendrá una «copia auténtica», costeada por la Generalitat. Y recordó que «un Comité de Expertos ha avalado la oportunidad de este tratado».
Fernández de la Vega terminó su intervención respecto a esta Ley haciendo referencia a un tercer punto: la creación en Salamanca de un gran centro documental de la Memoria Histórica, «cuyo desarrollo estará directamente relacionado con los trabajos que la Comisión para la Memoria Histórica viene realizando». Para este centro, que tendrá gestión y titularidad estatal, el Ministerio de Cultura tiene prevista una inversión de 11,2 millones de euros.
Ante las declaraciones del alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, en las que aseguraba que defenderá la integridad del Archivo por todos los medios posibles, la vicepresidenta afirmó que le parece una decisión «respetable», pero que hay un Proyecto de Ley, «aprobado por el Gobierno, que responde al cumplimiento más estricto de una Proposición de ley que se aprobó el 18 de mayo de 2004. Además, no es la primera vez que se plantea; parlamentariamente se lleva haciendo desde 1980», matizó.
Por su parte, Carmen Calvo aseguró que el alcalde de Salamanca «deberá cumplir la Ley. España es un Estado constitucional y de Derecho y los cargos públicos deben cumplir las leyes, les guste o no. El Archivo de Salamanca es competencia del Estado y, por lo tanto, el alcalde de Salamanca no puede actuar contra las decisiones que el Gobierno adopte al respecto».
La aprobación de esta ley ha supuesto una luz verde para otros Gobiernos autonómicos. Iñaki Anasagasti, senador del Partido Nacionalista Vasco, reclamó ayer al Gobierno que apruebe también el traslado de documentos del Archivo de Salamanca hacia el Archivo Histórico del Gobierno vasco, situado en la localidad guipuzcoana de Vergara. Anasagasti indicó que «se abre la puerta» a la llegada de documentos a Vergara, por lo que espera que «sirva de precedente» para que se devuelvan los papeles al Gobierno vasco.
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