El PSOE recurre por inconstitucional la 'ley Ómnibus' regional porque es «un desmantelamiento legislativo»
El líder socialista madrileño, Juan Lobato, piensa que la norma supone la «voladura controlada del Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas»
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El PSOE de Madrid ha presentado este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la llamada 'ley Ómnibus' de la Comunidad de Madrid, por considerar que supone «una voladura controlada del Consejo de la Transparencia y de la Cámara de Cuentas» de la región. La norma tenía como objetivo simplificar y clarificar distintas leyes de la Comunidad, y supuso modificación de al menos 10 leyes y casi 100 artículos, un «desmantelamiento legislativo que en circunstancias ordinarias hubiera ocupado varios años, y la señora Ayuso lo planificó y ejecutó en el día de la Lotería de Navidad».
La ley Ómnibus regional se llama en realidad Ley de Medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, aprobada en diciembre de 2023. El recurso de inconstitucionalidad contra ella ha sido presentado por los senadores del grupo del PSOE, encabezados por Juan Lobato, que es también senador además de diputado regional.
Bajo criterio de Lobato, esta ley supone «modificaciones que van en la línea contraria de la Constitución, del pluralismo político, del control y de la fiscalización de gobiernos democráticos».
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Los motivos que respaldan este recurso ante el Constitucional son los siguientes: por un lado, defienden en el PSOE que «las leyes de contenido heterogéneo, llamadas también 'Leyes de acompañamiento', dificultan el trabajo de los parlamentarios y el debate político, cambian sin debate parlamentario el régimen jurídico de una materia, infringen el principio de seguridad jurídica; y aplican un pseudo-procedimiento presupuestario a leyes que no tiene contenido presupuestario. Por ello el PSOE de Madrid considera que ese tipo de Leyes deben ser declaradas inconstitucionales».
Reconocen que hace años, el Tribunal Constitucional consideró ajustadas a la Carta Magna este tipo de leyes, pero en el PSOE de Madrid consideran que «ha llegado el momento de reabrir el debate sobre su escaso soporte constitucional y democrático y que el Tribunal Constitucional vuelva a debatir el tema».
Recuerdan que la ley Ómnibus «modifica diez Leyes con ochenta y nueves artículos y transforma sustancialmente el régimen jurídico de la Cámara de Cuentas, de Radio Televisión Madrid y del Consejo de Trasparencia y Participación», lo que «dificulta el ejercicio de sus funciones representativas a los grupos parlamentarios y a los diputados de la Asamblea».
En referencia concreta al artículo que modifica la Ley de la Cámara de Cuentas, los socialistas la recurren «por la extensión y relevancia de la reforma (Presidente Vicepresidente y Consejo de la Cámara de Cuentas, funciones del Vicepresidente y de los Consejeros, elección de los Consejeros; reglas sobre el personal funcionario y eventual). Un cambio tan amplio no ha podido debatirse en la Asamblea porque la Ley ómnibus no lo permite», denuncian.
En cuanto a la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid, opinan que «se trata de una reforma muy amplia que tampoco ha podido debatirse adecuadamente en todo su contenido (composición, elección, cese y funciones del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid y estatuto de sus miembros; elección, mandato, cese y estatuto jurídico del Director General; funciones y composición del Consejo Asesor; naturaleza de la Oficina de Participación del Espectador y Radioyente; y régimen económico financiero)».
Pero además, añaden más razones a su recurso: el cambio de norma «ha cambiado la designación del Director general que hasta la nueva Ley era elegido y cesado por la Asamblea y ahora lo es por el Gobierno de la Comunidad Autónoma». Además, con las modificaciones establecidas, «la Asamblea pierde también la competencia de elegir el Consejo Asesor y se suprime el Consejo de Redacción que tenía como función el garantizar la objetividad, la veracidad y la calidad de los contenidos informativos difundidos por Radio Televisión Madrid y la independencia de sus profesionales».
Por último, lo relativo al Consejo de Transparencia, creen que tras la ley Ómnibus, es sustituido «por completo, e incluso sustituye un tipo de Consejo de Trasparencia por otro con funciones distintas y todo ello sin debate parlamentario. Pero además la Ley recurrida ha transformado un órgano del Parlamento en un órgano adscrito al Gobierno a través de su Consejería de Presidencia, con la consiguiente reducción de las funciones de la Asamblea».
Hay aún más aspectos que no les gustan y por eso el PSOE los ha recurrido: «deslegaliza el estatuto de los antiguos Presidentes de la Comunidad que, conforme al Estatuto de Autonomía, ha de regularse por Ley y no por Decreto del Gobierno autonómico. Y, en segundo lugar, se recurre la Ley porque arrebata a la Asamblea el debate obligatorio sobre el Plan de Uso y Gestión de las Vías Pecuarias que hasta ahora era un ejemplo de colaboración parlamentaria entre el Gobierno y el Parlamento regional».
La acción legal del PSOE ha sido contestada desde el PP: el secretario general de este partido en Madrid, Alfonso Serrano, «las dos leyes ómnibus que se han aprobado en la Asamblea de Madrid, como el resto de iniciativas legislativas, responden a un interés general de mejorar la vida de los madrileños. Y lo hacemos como se hacen las cosas en democracia, utilizando un proyecto de ley y no por decreto, como hace el Gobierno de Sánchez». Considera que el recurso es «la pataleta que le queda al PSOE».
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