Operación Pantano: Los ediles del PSOE que se niegan a declarar serán citados bajo amenaza de detención
La acusación pedirá al juez que la Guardia Civil les entregue la notificación en mano

Si la exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, la socialista María Luz Lastras, y los ediles Luis Haro, Alexandra de Luis, Pablo Luis Lastras, Elisa Ortiz, Miguel Ángel Domínguez, José Luis Sánchez y Julio Hernández Sahuquillo, se niegan a recoger la citación judicial, ... remitida dos veces, para ir a declarar ante el juez por un presunto delito de «prevaricación urbanística», la acusación lo intentará por tercera vez, reclamando que sea la Guardia Civil la que entregue las citaciones, bajo amenaza de detención.
Esta es la estrategia que seguirá la representación jurídica del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, que dirige el letrado Javier Vasallo, después de que el lunes fuera el propio secretario del consistorio, citado en la causa, el que diera indicaciones de no recoger las notificaciones que llevó a la dependencia municipal un funcionario judicial, según aseguraron a ABC fuentes municipales. El lunes estaban citados a declarar pero no recogieron las notificaciones en sus domicilios y no se presentaron.
La acusación lo tiene claro: «Vamos a pedir que los citen a través de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, en este caso, Guardia Civil, bajo apercibimiento de, si no hay comparecencia, detención inmediata porque sería la tercera citación que se practique». Esta medida se pondrá en marcha cuando el juzgado dé traslado de la citación negativa.
Esta nueva querella se suma a otra que también presentó Mercedes Zarzalejos, actual alcaldesa, del PP, ante la Fiscalía contra la corrupción, y que dio lugar a la operación Pantano, actualmente en fase de instrucción. En ella se denuncia un presunto delito de «malversación y prevaricación» en la gestión de María Luz Lastras y su equipo de gobierno.
En esta denuncia se acusa a la exregidora y a estos siete concejales de bloquear el intento de la actual alcaldesa popular de contar con un arquitecto que tenga la categoría de funcionario. Desde 2017, los secretarios municipales han puesto reparos de legalidad a los expedientes de obra tramitados «por carecer de competencias el arquitecto municipal».
La solución planteada por el PP ha sido aprobar una Relación de Puestos de Trabajo, entre los que se encontraría el arquitecto y el arquitecto técnico municipal; y, como solución inmediata, la encomienda de un arquitecto funcionario de un ayuntamiento próximo. El equipo de gobierno ha llevado a su aprobación en pleno, hasta en seis ocasiones, ambas propuestas, y los concejales socialistas y dos escindidos del PP, al tener mayoría, votaron en contra.
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