El caso del falso arquitecto salpica ya a más de medio centenar de víctimas

Según ha podido saber ABC, Casanova; su madre, Rosa María Montesinos, y su hermana Aroa testificarán desde un juzgado de la Comunidad Valenciana, donde habrían establecido su residencia actual. Al menos así lo manifestaron cuando fueron llamados a declarar a principios de este año por el Juzgado de Instrucción 19, que mantiene en paralelo otra causa abierta contra ellos por una denuncia anterior.

Ahora, por la sede del 35 desfilarán, presencial o telemáticamente, David y Rosa, ambos con antecedentes por estafa, falsedad documental, daños, asociación ilícita y pertenencia a grupo criminal; Aroa, nacida en 1997 y con reseñas previas por estafa; Alejandro Delgado, administrador único de Alda Home (la empresa de reformas con la que contrataron la mayoría de víctimas personadas) hasta marzo de 2022; Petru A., de origen rumano y el único que cuenta con medidas cautelares (retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de firmar en el juzgado cada mes); Juan Carlos H., apodado 'El Fontanero' y al igual que Petru sin antecedentes policiales; y, por último, José Manuel R. G., expareja de Rosa y a quien David presuntamente usurpó el CIF de una sociedad que estaba a su nombre para seguir operando tras su detención.

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Pese a figurar como investigado, José Manuel aseguró entonces no tener relación con la familia Montesinos desde hacía más de seis años, por lo que la Policía Nacional considera que trataron de ponerlo en la diana cuando la última treta saltara por los aires. «Me enamoré de ella [refiriéndose a Rosa], me enamoré y fui tonto. Me arruinaron», manifestó a los agentes y a este periódico, que destapó el caso en noviembre de 2022. A través de esta última empresa, Sector Reforma, con sede en Valencia y sin actividad en la última década, David se presentaba a los clientes con el nombre de Carlos.

Dentro del vaivén de cambios (llegó a crear numerosas empresas antes de ser detenido), lo único que mantenía Casanova era el 'modus operandi'. Primero, una presentación elegante, seria y con gran manejo de la escena. «Este hombre sabía vender muy bien, inspiraba mucha confianza», coinciden varios de los afectados, que contactaban con él a través de diversos portales de reformas. A los pocos días, enviaba un presupuesto muy ajustado del que se debía abonar el 35 por ciento en el momento de la firma del contrato. El resto se pagaría fragmentado cada semana hasta el fin de la obra.

Tras ello, regresaba a las viviendas con varios obreros para realizar tareas de demolición y desescombro, de tal forma que los afectados creyeran que los trabajos iban por buen camino. Pero pronto comenzaban los problemas: los trabajadores dejaban de ir o cuando lo hacían aseguraban no tener materiales para continuar. Los pagos, sin embargo, seguían efectuándose para no incumplir el contrato. «Se aprovechaba de la necesidad de los clientes de regresar a sus casas, ya que casi todas eran primeras viviendas», expone la defensa de gran parte de ellos, en manos de Bufete Prolegue.

El paso final era simple y llanamente el de borrarse del mapa. Dejaba de contestar a las llamadas. La Policía Nacional llegó a estimar que en menos de dos años el perjuicio económico causado ascendería a 700.000 euros. «Esperamos que tras la declaración de los investigados, y cuando terminen el resto de diligencias actualmente abiertas, la jueza dicte el auto de procedimiento abreviado, al entender que no es un incumplimiento de contrato y sí una estafa continuada y agravada», añaden desde Prolegue.

A los clientes que han llevado a Casanova y los suyos a los tribunales se suman una decena larga de albañiles que también han denunciado por impagos.

Todas estas acusaciones están agrupadas en una sola causa en el juzgado de instrucción 35, después de que la letrada solicitara tal extremo en base al artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal («Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí [...] podrán ser enjuiciados en la misma causa a instancia del Ministerio Fiscal»). La única excepción es una denuncia anterior, que cayó en el juzgado 19 y que en un primer momento fue sobreseída. Sin embargo, al saltar a la luz toda la trama, aquellos afectados recurrieron y su caso volvió a abrirse.