El Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros el recurso al Constitucional contra la ley de concordia de Aragón

El titular de ese departamento, Ángel Víctor Torres, ya anunció el pasado siete de mayo, precisamente en la rueda de prensa semanal posterior al Consejo de Ministros, que llevaría la norma aragonesa, ya aprobada, al TC, después de blandir tres informes en su contra de otros tantos relatores especializados de las Naciones Unidas.

Se trata de unos documentos elaborados a instancias del Gobierno español, y que consideran que la ley autonómica vulnera los derechos humanos e «invisibiliza» a las víctimas de la dictadura franquista. Torres instó al Ejecutivo de Azcón a una reunión para discutir la norma y evitar así acudir al TC, algo que el Gobierno de PP y Vox negó desde el primer momento.

El propio Azcón tachó la iniciativa del ministro de «electoralista» y dijo que esa bilateral «tiene que convocarse para hablar de los problemas reales de los aragoneses», o para «mejorar la financiación de nuestra comunidad autónoma», así como «para hablar de las infraestructuras hidráulicas que están pendientes, como Yesa, para mejorar las infraestructuras viales». «Ya no engañan a nadie, es electoralismo, son intereses políticos del Partido Socialista, la bilateral es algo mucho más serio», concluyó. Ahora el recurso del TC se llevará a cabo en plena campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio, que comienza en la medianoche de este jueves.

Desde entonces no ha habido contacto alguno entre el Gobierno central y el autonómico por esta cuestión. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez considera que la ley aragonesa es derogatoria de la Ley de Memoria Democrática aprobada el año pasado, poco antes de terminar la legislatura, gracias al apoyo de los socios de Moncloa, singularmente ERC y EH Bildu. Los de Arnaldo Otegi impusieron en esa ley que se contemplase la investigación de supuestas torturas en España hasta años después de terminado el franquismo. En concreto hasta 1983, lo que abarca el primer año en el poder de Felipe González, quien llegó a tildar la norma, con sarcasmo, como ley de la «desmemoria».

Leyes de concordia similares están impulsándose en otras dos autonomías con gobiernos en coalición de PP y Vox, la Comunidad Valenciana y la Junta de Castilla y León. E igualmente el Gobierno ha arremetido contra ellas, si bien en este caso no tiene margen de maniobra puesto que no han concluido su tramitación ni en las Cortes Valencianas ni en las de Castilla y León.