La fundación Faffe fabricó facturas para no devolver subvenciones de la Junta de Andalucía dirigidas a formar a parados

El «principal interés» no sería realizar «unos servicios necesarios para la Administración», sino «poder justificar» como fuera, incluso saltándose el plazo legal de realización de la actividad, el importe de una subvención recibida. De este modo lo recoge el informe de la Guardia Civil avanzado por ABC e incorporado al sumario de esta macrocausa de corrupción que investiga el desvío millonario de fondos públicos destinados a la formación de desempleados, el amaño de contratos y los enchufes a familiares y allegados a cargos del PSOE a través de la Faffe.

En los ocho años que estuvo funcionando la fundación pública, entre 2003 y 2011, recibió unos 300 millones de euros, de los que 55 millones nunca llegó a justificarlos. La mayoría de estos fondos procedía de las subvenciones nominativas, «por elevados importes de dinero», que le concedía cada año el Consejo de Gobierno andaluz, primero, bajo la presidencia de Manuel Chaves, y, en la última etapa, con José Antonio Griñán al frente. De estos fondos se nutrían los contratos y las operaciones que la Faffe realizaba destinadas, en teoría, a formar a desempleados.

El Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza parte de los 235.125 mensajes que figuran en las cuentas de los correos electrónicos de responsables de la extinta fundación pública, no de todos los directivos puesto que la UCO detectó un borrado masivo de 'e-mails'.

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El primer estudio de las comunicaciones, plasmado en el citado atestado, deja patente cómo antiguos altos cargos y directivos de la fundación se ponían de acuerdo con proveedores de confianza para que éstos elaboraran facturas supuestamente falsas por servicios que, realmente, «no habrían sido llevados a cabo». El único objetivo era endosarlos a ayudas para desempleados. Para ellos se concertaban con las mismas empresas que, en algunos casos, contrataban también para enchufar a parientes de cargos del PSOE, a los que denominaban los 'outs'. Al menos a una de ellas, Proyempleo, le pagaron una comisión del 15%.

Hay numerosas comunicaciones entre mandos y técnicos de la Faffe en las que solicitaban documentación 'ad hoc', es decir, «sin que la misma se ajuste a la realidad de los hechos, con el único fin de justificar ante el órgano gestor [la Consejería de Empleo], de una manera que podría considerarse fraudulenta, los gastos que habrían sido imputados a los fondos públicos recibidos», esgrimen los investigadores.

Para los agentes no es «descabellado» deducir que el órgano de la Junta de Andalucía encargado de controlar los gastos de la Faffe fuera no sólo «conocedor de las supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en la fundación» a la hora de ejecutar y acreditar las subvenciones, sino que «podría estar facilitando» esta dinámica defraudadora. El Gobierno andaluz acordaba sucesivas prórrogas de plazos de presentación de la documentación, incluso cuando la Faffe no ha entregado ningún tipo de justificación de los gastos supuestamente soportados con los fondos públicos», explican los agentes.

Para sustentar esta hipótesis, la UCO menciona una conversación por correo que dos técnicas de la fundación mantienen los días 16 y 26 de septiembre de 2008 y cuya copia se envía a su vez a la directora económico-financiera de la Faffe, Anna Valls. Estaban apuradas porque estaba a punto de expirar el plazo de justificación de las ayudas, entre ellas la vinculada a una acción denominada «Calidad II», de la que no se especifica la cuantía. «No existiría la documentación justificativa de las mismas», indica el informe policial. «Toda esta situación se ha puesto en conocimiento de la Directora General de Empleabilidad [de la Consejería]. No podemos seguir teniendo escritos para salvar fechas sin documentación justificativa real…», escribe una técnica de la Faffe a otra compañera.

A los agentes les llama la atención otra cadena de mensajes intercambiados entre la jefa del Área de Proyectos de la entidad y un adjunto a la Dirección Económica-financiera, que son reenviados a Ana Valls y a la directora de Desarrollo Territorial, Marta Toronjo. En ellos «se estaría intentando simular un gasto que permitiese evitar devolver unos fondos públicos» por importe de 142.713,68 euros, correspondientes a una subvención y que no estarían justificados.

Para los investigadores resulta «reveladora» esta pregunta contenida en el mensaje: «En qué cuantías máximas podríamos presentar gasto para evitar esta última caída de 142.0713,68 €». Con el fin de no reintegrar cuantía alguna, valoran presentar una factura de la sociedad Los favoritos de Alcalá, una consultora de comunicación, al objeto de endosarle parte del citado importe.

A finales de 2009, se «construyen procedimientos de contratación inexistentes en concordancia con las empresas adjudicatarias», ANova XXI SL y Proyempleo SL, para cargar un gasto de 376.208 euros que no habría sido ejecutado o justificado debidamente. Para ello se ajusta la fecha al plazo de ejecución de la subvención a fin de incluir el gasto de los citados contratos en una partida de 1,5 millones.

El día 10 de marzo de 2011, a la bandeja de entrada de Mar Fernández, adjunta la Dirección de Administraciones Públicas de Faffe, llega el mensaje de otro mando intermedio de la entidad en Sevilla. Se refieren a un viaje a Madrid que hizo una trabajadora, una tal Nieves, para un determinado programa. Sin embargo, dicha persona «está asociada a un programa diferente denominado Cualifica», por lo que no podría justificarse tal gasto. Una técnica propone imputárselo a otra ayuda cuidándose, eso sí, de que la factura no haga referencia al motivo real del viaje. «Eso se puede hablar con la agencia y que pongan lo que. Necesitemos», le responde la directora de Desarrollo Territorial de la Faffe.