Las claves del inesperado acercamiento del PP y el PSOE para combatir la sequía en Andalucía
El Ministerio y la Junta planean repetir el éxito político de Doñana, donde se pactaron soluciones conjuntas tras meses de enfrentamiento

Punto de inflexión en la creciente dinámica de desencuentro en la que había entrado la gestión de la sequía en Andalucía. Apenas unas horas después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, terminase una visita de tres días a Bruselas ... entre críticas socialistas y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acudiese a Sevilla para criticar la política hídrica del Gobierno andaluz, una conversación entre ambos dirigentes parece haber dado pie a una etapa de entendimiento entre ambas administraciones.
Moreno y Ribera mantuvieron una amplia conversación telefónica en la que acercaron posturas ante el grave problema que ya soporta Andalucía por la sequía y que amenaza con el inicio de restricciones en la región en los próximos meses. Tanto Presidencia de la Junta como el Ministerio emitieron ayer sendos comunicados de prensa —que han sido previamente pactados porque son idénticos— en los que explican que coinciden en que es necesario «avanzar juntos» en la búsqueda de soluciones ante la sequía «sin descartar por el momento ninguna opción».
Moreno y Ribera añadían en sus respectivas notas de prensa que han quedado en mantener un nuevo encuentro dentro de unas semanas con la finalidad de programar acciones para garantizar la normalidad en verano, «avanzar en la colaboración, cooperación y coordinación para sacar adelante los proyectos pendientes y estudiar con el Ministerio de Hacienda la fórmula para solicitar ante la UE la activación del Fondo de Solidaridad».
El comunicado conjunto tras la conversación telefónica evidencia el interés de ambas administraciones por repetir un acuerdo similar al de Doñana, que apareció en la política española como 'rara avis' en unos momentos de extremada convulsión entre los partidos.
El pacto de Doñana es el único acuerdo relevante suscrito por un Gobierno del PSOE y otro del PP en España. Y se hizo en un asunto que se había convertido en un arma arrojadiza entre los dos principales partidos de España: el Gobierno de Juanma Moreno reprochaba al PSOE haber hecho la vista gorda durante años con los pozos ilegales del entorno del parque nacional, convirtiendo en crónico un problema que se podía haber solucionado en su momento, y el PSOE señalaba al PP como responsable del creciente deterioro de una de las reservas ecológicas más importantes de Europa.
Acuerdo inesperado
Tras muchas semanas de tensión se abrió una negociación que parecía abocada al fracaso. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en noviembre se anunció un acuerdo por el que ambas administraciones consensuaban una estrategia de indemnizaciones a los municipios afectados a cambio de renunciar a diversas zonas de regadío.
Se cuidó mucho la puesta en escena de aquel final feliz. Tanto Juanma Moreno como Teresa Ribera se desplazaron a Doñana y se dejaron fotografiar mientras paseaban plácidamente y admiraban un paisaje bucólico. Aquellas imágenes de armonía tuvieron un notable impacto en un momento en el que toda la política española transmite agresividad y confrontación.
Las señales apuntan a que ambos dirigentes quieren repetir ahora la fórmula de consenso. Si en el caso de Doñana la alianza era aconsejable, en el caso de la sequía se hace imprescindible y urgente, al tratarse de uno de los principales problemas que tiene ahora la comunidad autónoma.
Como en el caso del parque nacional, el acercamiento se produce tras un contexto de críticas cruzadas. La titular del Ministerio de Transición Ecológica calificó sólo un día antes en una entrevista en la Cadena SER de «sorprendente» la propuesta de Juanma Moreno para que la sequía sea considerada una catástrofe regional y Andalucía pueda acceder al Fondo de Solidaridad de la Comisión Europea.
Ribera fue a más y llegó a sostener que Moreno erraba en su estrategia: «Es un fondo pensado para situaciones de catástrofe que tiene para toda Europa una cuantía asignada de 1.200 millones de euros y que no es compatible con el uso para el mismo fin con otros programas europeos». Añadió que las ayudas concedidas por este fondo a España han tenido un máximo de 56 millones de euros por catástrofes recientes.
«Sólo para Andalucía hay 4.000 millones para la Cuenca del Guadalquivir de fondos europeos», apuntó Ribera, que puntualizó que el diálogo con la Junta lo tiene que mantener el Ministerio de Hacienda. «Hay que entender bien qué es lo que ha pedido y qué se puede hacer. Pero creemos que no sirve para resolver los problemas de agua que tiene Andalucía», dijo la ministra, quien señaló incluso que los problemas de suministro se registran en las zonas cuya competencia hídrica es de la Junta, mientras que en el Guadalquivir, cuya confederación gestiona el Gobierno central, hay agua «hasta 2029».
Por su parte, el Gobierno andaluz ha venido criticando reiteradamente la falta de inversiones hidráulicas en Andalucía. El propio Moreno ha destacado que el 67% de las políticas hídricas en Andalucía son competencia del Estado (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y sólo el 33% de la Junta. Por este motivo, pidió la ejecución inmediata de las 10 principales obras hidráulicas que el Gobierno de España tiene pendientes en Andalucía.
La conversación de Moreno y Ribera prevé consensos como la fórmula para reclamar a la UE la activación del fondo de solidaridad. Las próximas semanas indicarán si la charla fue realmente efectiva.
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