Un hombre ingresa en prisión tras negarse a identificarse por bañarse desnudo en la playa

Los hechos que han llevado a Rafael Martín Sánchez, de 45 años, a prisión se produjeron el 25 de mayo de 2012 en la popular playa de la capital grancanaria, cuando un amigo suyo y él tomaban el sol desnudos en la arena, ante las quejas de otros bañistas. Los partidarios del naturismo alegan que no hay ninguna ley en España que prohíba a un ciudadano bañarse desnudo en una playa y mucho menos que tipifique esa conducta como delito, lo que no evita que en determinados lugares -como ha ocurrido varias veces en la playa de Las Canteras-, se produzcan incidentes o enfrentamientos con otros bañistas que no aceptan tenerlos sin ropa a su lado.

Eso es lo que les pasó hace dos años y medio a Rafael Martín y su amigo Julián Santamaría: Varios bañistas les recriminaron que estuvieran desnudos y les insultaron, según reconoce la sentencia. Una patrulla de Policía Nacional se acercó a ellos para interesarse por lo que ocurría y les pidió la identificación, lo que desencadenó una serie de hechos por los que Rafael Martín fue condenado a dos años de cárcel por atentado a la autoridad, en un fallo que luego la Audiencia de Las Palmas redujo a seis meses al estimar que solo protagonizó una «resistencia menos grave».

La propia acusación formulada por el Ministerio Fiscal durante la instrucción del caso relata literalmente que los agentes requirieron a Rafael Martín que se identificara y se vistiera «porque estaba completamente desnudo en la playa». Sin embargo, los hechos declarados probados en primera instancia por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria matizan que los policías se acercaron a pedirles la identificación porque habían sido «requeridos ante la existencia de una situación de malestar ante otros bañistas que se encontraban en la zona». «En ningún caso se está juzgando el que el acusado estuviera desnudo en la playa y tampoco procede decidir a este juzgado si dicha actitud está prohibida o no», argumenta la magistrada Mónica Oliva Gutiérrez, en la sentencia luego corregida por la Audiencia.

La condena de primera instancia considera probado que el otro nudista advirtió a los policías de que no podían prohibirle bañarse desnudo, pero les mostró su DNI, por lo que pudo seguir en la playa. Sin embargo, Rafael Martín, que no llevaba la documentación encima, se opuso inicialmente a identificarse y, cuando los agentes le acompañaron hasta su casa para que les enseñara el DNI, trató de escaparse, cerrando la puerta del portal del edificio a los agentes.

El Juzgado de lo Penal castigó esa reacción como delito de atentado con dos años de cárcel, en un juicio luego enmendado por la Audiencia de Las Palmas, que entendió que esos hechos no tenían tal gravedad y no pasaban de resistencia leve a la autoridad (6 meses). Martín Sánchez ha acudido hoy a la Ciudad de la Justicia para cumplir el requerimiento que le ordenaba presentarse allí antes de las 12.00 horas para empezar a cumplir sus seis meses de prisión.

«Tomábamos tomando el sol y había unas personas que estaban con una actitud un poco ofensiva con nosotros, porque hacíamos nudismo. Llegó la Policía, pero en lugar de ayudarnos a nosotros, que estábamos siendo acosados, se pusieron de parte de las personas que nos amenazaban porque estábamos desnudos», ha relatado. Este militante de la FEN defiende que el nudismo es «totalmente legítimo» en España: «No es ninguna actividad ofensiva, aunque haya gente que haya sido educada para pensar que si alguien está desnudo, es malo. Es un abuso, no hay ninguna ley que prohíba el nudismo».

Martín Sánchez explica que, a pesar de lo escaso de su condena, a él no le concedieron la suspensión de la pena de prisión por no haber pagado a tiempo la indemnización de 250 euros a un agente que le imponía la sentencia, algo que no hizo porque alega que carece de medios económicos (de hecho, esa cantidad la pagó luego la FEN). Este vecino de Las Palmas de Gran Canaria asegura que, para él, ingresar en prisión no solo supone perder su libertad, sino perder oportunidades laborales «cuando empezaba a levantar cabeza» y no poder atender a sus padres, octogenarios, con los que convive. «Yo no soy una persona peligrosa. A la cárcel van las personas dañinas para la sociedad, yo no soy así», se defiende.