El informe del CGPJ sobre el aborto se hace de rogar
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ideólogo de la reforma de la ley del aborto - efe
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El informe del CGPJ sobre el aborto se hace de rogar

Tras conocerse el borrador crítico de la vocal Pilar Sepúlveda, el órgano pide otro mes para intentar debatir un solo texto

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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer jueves solicitar una prórroga de 30 días para ultimar su informe sobre el anteproyecto de la ley del aborto. Es la segunda vez que se pide la ampliación del plazo después de que se diera luz verde a una primera solicitud para obtener 15 días más a contar desde el pasado 17 de febrero. El nuevo plazo comenzó a contar desde ayer.

Fuentes próximas al órgano de gobierno de los jueces aseguraron que se está intentando convencer a los dos vocales a las que se les ha encomendado la elaboración de este informe (Pilar Sepúlveda, del sector progresista, y Carmen Llombart, del conservador) para que lleven al Pleno un solo texto, pero el acuerdo entre ellas parece hoy por hoy imposible. La semana pasada trascendió un borrador de Sepúlveda en el que directamente instaba al Gobierno a que retirara el anteproyecto del aborto al considerar, como ya informó ABC, que «da una respuesta anacrónica criminalizadora» a la realidad de la interrupción del embarazo. Del borrador de Llombart todavía no se sabe nada pero no parece que vaya a expresarse en términos tan duros como los utilizados por Sepúlveda. En cualquier caso los informes del CGPJ no son vinculantes para el Gobierno.

El Ministerio de Justicia ha recibido ya la mitad de los informes que ha solicitado sobre este anteproyecto. En total, el texto del Ejecutivo se ha remitido a todas las comunidades autónomas y un total de 30 organismos y organizaciones. Una vez que los reciba remitirá el texto, que podrá incluir sugerencias de los distintos órganos, al Consejo de Estado, y cuando éste dé su dictamen, lo someterá a la aprobación del Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento. Concretamente, se ha solicitado informe al Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Agencia Española de Protección de Datos al Consejo Nacional de Discapacidad y al Comité de Bioética, dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Igualmente, ha solicitado informe al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Organización Médica Colegial, informa Ep.