El fiscal que quiso ilegalizar Sortu, «número dos» de Torres-Dulce

El número dos del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, será el fiscal que quiso ilegalizar Sortu, Antonio Narváez, actual fiscal-jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Desde este cargo, Narváez ha participado en distintos procesos vinculados con la Ley de Partidos, en concreto en los expedientes relacionados con la impugnación de candidaturas y agrupaciones electorales y la inscripción de partidos políticos en las distintas convocatorias electorales celebradas desde el año 2007, tanto al Parlamento Vasco, como al Congreso de los Diputados o al Parlamento Europeo.

El Consejo Fiscal se reunió ayer con un punto importante en el orden del día, la elección de su candidato a teniente fiscal del Tribunal Supremo, a la sazón número dos del fiscal general del Estado. Esta plaza está vacante desde el pasado mes de marzo, cuando se jubiló Juan Martín-Casallo. Desde ese puesto, se dirige y coordina por delegación del fiscal general la actividad ordinaria del Ministerio Público en el Alto Tribunal, que además se compone por los Fiscales de Sala y los Fiscales del Tribunal Supremo. Entre sus competencias, la más característica es el despacho de los recursos extraordinarios de casación y revisión contra sentencias dictadas en instancias inferiores.

Además de Narváez, había tres candidatos: el ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño; el fiscal jefe Antidroga José Ramón Noreña; y el fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas. Narváez fue elegido por unanimidad, así que ahora es el turno de que Torres Dulce se lo proponga al Gobierno y de que el Consejo de Ministros apruebe el nombramiento.

En 2007, Narváez llegó a la Fiscalía del Tribunal Supremo procedente de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, donde ejerció su labor durante 10 años, desde 1997 . Desde que ingresó en la carrera fiscal, en 1982, ejerció también en la Fiscalía de Córdoba y fue fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel.

Experto en derechos fundamentales, ha despachado numerosas cuestiones que afectan a las libertades básicas y en defensa del medio ambiente. Así, en materia de educación informó a favor de la existencia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por entender que no vulneraba el derecho de los padres a procurar una educación a sus hijos. Además, es autor de varios libros y monografías sobre el tribunal de jurado y ha participado en programas de formación de fiscales en Paraguay, Bolivia, Colombia, México y Albania