15 regiones afean a Escrivá que el despliegue de internet no llega a las familias vulnerables

Las regiones recuerdan también en la misiva que no se están ejecutando los 210 millones asignados por Europa, con el agravante de que si esas ayudas, que incluyen llevar el internet a familias vulnerables, no están otorgadas antes del 1 de enero próximo se perderán y habrá que devolverlas a Europa.

Para las quince regiones las líneas subvencionables «no se ajustan a las necesidades de la ciudadanía» y «esta falta de correspondencia con la realidad de las necesidades se ha puesto de manifiesto -aseguran- en la ausencia de demanda por parte de los ciudadanos», ya que «las iniciativas no han despertado interés y, por tanto, no hay solicitudes que permitan cumplir los objetivos planteados».

Dentro del Componente 15 del Plan de Recuperación, el Ejecutivo ha delegado en las comunidades autónomas la gestión de estos recursos del llamado Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión, destinado a la transformación digital de las regiones. Pero las que envían la misiva se quejan de que el ministerio de Escrivá no cuenta con ellas para el diseño de los objetivos.

Dentro del Programa Europeo, el Gobierno habría delegado en las comunidades la gestión de cien millones destinados a acciones de refuerzo para alcanzar la total conexión en los polígonos, centros logísticos y centros públicos de referencia; 30 millones para la emisión de bonos sociales de acceso a internet para familias vulnerables y 80 millones para actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

En el caso de las subvenciones destinadas al acceso a internet de las familias vulnerables se han adjudicado 5.508 actuaciones de 125.000, apenas un 4,4% del objetivo. La Comunidad de Madrid alertó desde un principio de que estas ayudas iban a ser un fracaso porque el procedimiento, argumentan, se ha planteado con una elevada carga burocrática y porque los asistentes sociales y los ayuntamientos indican que quienes cumplen los requisitos de vulnerabilidad económica ya disponen de conexiones mejores. Por estos motivos, esta región redefinió la interpretación de colectivo vulnerable, dada la imposición de la Comisión de que este criterio fuera económico. En este caso se ha tenido en cuenta a los perceptores de la renta mínima de inserción, de la pensión no contributiva y del ingreso mínimo vital.

Por su parte, las ayudas para edificios, con 80 millones para toda España, las estableció el Gobierno para mejorar las instalaciones de telecomunicaciones en los construidos antes de 2000. Los datos del departamento que dirige José Luis Escriva reflejan que sólo 78 comunidades de vecinos de las 13.600 que preveía el Ejecutivo (0,5%) han solicitado la subvención.

Dado que la cuenta atrás para la ejecución de las ayudas se ha puesto en marcha, las comunidades autónomas piden más plazo al ministerio y un nuevo enfoque de las mismas. Aseguran que «con el ánimo de que dichos fondos no se pierdan, dado lo extremadamente necesarios que resultan para la digitalización de las diferentes regiones, volvemos a solicitar la ampliación del plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda, así como la posibilidad de destinar las subvenciones a la realización de los proyectos realmente necesarios en cada CC.AA. y demandados por la ciudadanía».

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El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, explica a este diario que «las ayudas europeas son europeas, y no del Gobierno, por lo que sería de gran utilidad que contaran con las autonomías para diseñarlas y aprovechar así el conocimiento que tienen de sus territorios».

En este sentido, el consejero asegura que desde que el Gobierno transfirió a las regiones estos fondos «hemos trasladado nuestro desacuerdo, pues sabíamos que difícilmente iban a despertar interés, como finalmente ha sucedido. Además, es del todo ineficaz desplegar las mismas ayudas para todos los territorios, como también advertimos, pues cada región tiene circunstancias diferentes».

Afirma que por este motivo las quince regiones «de todo signo político hemos enviado una carta al Ministerio de Transformación Digital para insistir en que cuenten con las CC.AA. para establecer las condiciones de las subvenciones europeas y que amplíen el plazo máximo para ejecutarlas». Y puntualiza que aunque el ministro Escrivá no acudió a la Conferencia Sectorial de la pasada semana « espero que reflexionen y no acabemos perdiendo estos fondos como todo indica».