Stop Desahucios detectó hace un año el fraude del falso abogado
«No creímos que fuera a más y estábamos con nuestra lucha», afirma la plataforma
Stop Desahucios expulsó hace más de un año de su colectivo al falso letrado que, según la plataforma, ha estafado a varias familias que se encuentran en una situación extrema y en riesgo de perder sus viviendas, a las que incluso les ha requerido dinero por los servicios prestados. Sin embargo, no fue hasta la pasada semana cuando los miembros de la entidad decidieron poner el asunto en conocimiento del Colegio de Abogados para que éste tomara las medidas pertinentes. De hecho, la corporación va a estudiar el asunto y, con toda probabilidad, interpondrá la pertinente demanda ante el Juzgado de Guardia ante la posible comisión de un delito de intrusismo. Además, no descarta personarse en el caso como acusación particular.
La tardanza en denunciar estos graves hechos se ha debido, según Stop Desahucios, a que «optamos por sacarlo del colectivo y olvidarnos del asunto. Lo único que queríamos era centrarnos en nuestra lucha y seguir apoyando a las personas que pueden quedarse sin un techo».
La razón por la plataforma ha decidido ahora y no en febrero de 2013, cuando el falso letrado fue excluido de la plataforma, denunciar la situación ha sido que «llegó a nuestros oídos que esta persona estaba tratando de fundar un colectivo paralelo para seguir desarrollando su fraudulenta actividad. Fue entonces cuando optamos por avisar al Colegio de Abogados», indicaron desde Stop Desahucios.
La plataforma cordobesa denuncia que el falso letrado es «Manuel Lozano Santiago» y que atendía a las familias en el punto de información situado en la sede del Partido Comunista de Andalucía (PCA) en el barrio del Sector Sur.
Estos hechos se producían, según lamenta el colectivo, a pesar de que se advirtió a dirigentes de esta organización, entre otros, a la consejera de Fomento de la Junta, Elena Cortés, o su jefe de Gabinete, Manuel López Calvo. Este último, según dice la plataforma, «fue precisamente quien nos recomendó hace dos años que confiáramos en el ahora denunciado Manuel Lozano».
En concreto, según el colectivo, «tenemos detectadas a cinco familias, pero sospechamos que hay muchas más las que han podido ser víctimas de la estafa», indicaron.
Colaboración
Según ha podido saber este periódico, Lozano trabajaba con un abogado colegiado en Madrid, cuyo nombre no ha trascendido, que es quien se encargaba de firmar los escritos, pero que jamás ha visto los afectados en persona, puesto que era el falso letrado el que se ocupaba de atenderlos.
El asunto ha desatado el enfrentamiento político, puesto que el PP salió el martes a la palestra para pedir explicaciones a IU y al PCA sobre la presunta estafa.
Así, el secretario general del PP de Córdoba, Adolfo Molina, apuntó que «resulta bochornoso que dos de los máximos dirigentes de IU y del PCA, que además tienen cargos públicos y de responsabilidad en el gobierno de la Junta, estén amparando conductas que han sido objeto de denuncia por una plataforma de afectados».
Ante esto, Molina manifestó que en su formación no quieren «pensar que, tanto IU, como el PCA, hayan estado utilizando las desgracias de muchos cordobeses para sacar rédito político de un problema tan delicado como es un proceso de desahucio».
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