Los principales personajes de la pirámide de la juez Mercedes Alaya

También hay seis exviceconsejeros. De Hacienda, José Salgueiro, de Presidencia, Antonio Lozano (aunque fue imputado por su cargo de director general de Presupuestos), de Empleo, Justo Mañas y Agustín Barberá, de Ciencia y Empresa, Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez Román. Dos exinterventores, el genereral de la Junta, Manuel Gómez y el exinterventor delegado de Empleo, Juan Luque. Cuatro exsecretarios generales, Antonio Estepa, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina.

Y la lista de exaltos cargos no acaba ahí. Hay otros ocho exdirectores generales además de los de Empleo: Buenaventura Aguilera, Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía, Pablo Millán y Juan Vela. Y dos exdelegados pronvinciales, Antonio Rivas y Juan Rodríguez Cordobés. O el exalcalde de Cazalla, Angel Rodríguez de la Borbolla (hermano del expresidente de la Junta).

Es otro de los escalones de la pirámide que se ha ido ampliando a medida que Alaya iba avanzando la instrucción. Además de concluir que los sidicatos (UGT y CC.OO) cobraron hasta 12 millones de las mediadores, la juez ha ido imputando a una veintena de sindicalistas e incluso a embargado locales a Comisiones Obreras en Madrid. El que fuera secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y que tuvo que dimitir tras su imputación. También Enrique Jiménez de la federación de Industria de CC.OO. , y el secretario de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.

Igualmente aparecen otros históricos dirigentes cordobeses de CC.OO, los hermanos Francisco y José Manuel Casado. Así como Juan Antonio Florido García, exsecretario de Organización de la Federación de Industrias Textil, Químicas y Afines de CC.OO., Diego Guerrero, exdirigente de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CC.OO., y Damián Jiménez, exlíder de la Federación Agroalimentaria de Jaén del mismo sindicato.

Luis Javier García de los Reyes, exresponsable de la sección agroalimentaria de UGT. Antonio García Márquez, exedil de IU en Almonte y miembro de CC.OO., dos exdelegados de UGT en Promi. Estos dos últimos son más recientes ya que la juez los imputó por el ERE del hotel Cervantes.

Merece un capítulo aparte ya que Juan Lanzas, conseguidor de los ERE, es sin duda la pieza fundamental en toda la trama. Lanzas, que llegó a entablar una gran amistad con el que fuera diector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, hacía y deshacía y mediaba en todos los ERE llegando hasta a tener llaves del despacho del exdirector general de Trabajo. Sus negocios con empresas pantalla y para blanquear supuestamente dinero abarcaban un «holding» (utilizando las palabras de la Guardia Civil) que llegaba a China a Colombia, pasando por Irán o México, Con esos tejemanejes Lanzas llegó a hacerse un patrimonio de trece millones de euros y dieciséis casas. O lo que es lo mismo «dinero para asar una vaca», que diría su madre.

En este estamento se encuentran las mediadoras que cobraban por su intervención en las pólizas, comisiones muy por encima de la media del mercado. Según la juez, la Junta de Andalucía pagó 34,6 millones de euros a las aseguradoras Vitalia y Uniter. Y en ese peldaño es donde se sitúan José González Mata, el empresario jerezano dueño de Uniter que pasó varios meses en la cárcel. Y varios directivos de Vitalia. Antonio Albarracín, María Vaqué, Jesús Bordallo o Antonio Pascual (este último el único que sigue en prisión) son los principales.

El más conocido y cuya imputación es más reciente es José María Ruiz Mateos que ya ha sido citado por dos veces por la juez aunque no ha acudido.También están sus hijos Zoilo y Pablo. José Enrique Rosendo y José Manuel Sayago (ambos de la Sierra Norte de Sevilla). La dueña del restaurante Río Grande en Sevilla, Carmen García y varios empresarios más.

Hay imputados de dos despachos de abogados de Sevilla. Del bufete Villasís están Carlos Leal Bonmati y su hermano José Luis. También Alfredo Jiménez y Daniel Gutiérrez Montaña. Todos ellos han declarado ante la juez y les han impuesto fianzas millonarias. Del despacho de Garrigues están imputados José Manuel Caballero y Juan Antonio López Carvajal.

En este epígrafe es, sin duda, donde se encuentran los personajes más variopintos. Eran los «hombres de paja» que ponían en las empresas pantalla o simplemente utilizaban para traer y llevar sobres. Entre ellos están el «chófer de la coca», Juan Francisco Trujillo, Juan Francisco Algarín (que sigue tratamiento de rehabilitación del alcohol), Gregorio Martínez «Goyo», el supuesto camello o Eduardo Leal. También el indigente iraquí Moutaz Al Mokhtar, o un ciudadano de origen ruso, que la Guardia Civil identifica como Daniel Belohlavek.

Intrusos

Son tan numerosos que la juez llegó a pedir a la Junta de Andalucía que le detallase el número de esto que había detectado en su investigación interna. Desde el churerrero al taquillero de la piscina de El Pedroso. Hay intrusos en todos los ERE que la juez investiga y que abarcan numerosa empresas. Mercasevilla, Rio Grande, Acyco, Surcolor, Saldauto.... son algunas de las sociedades investigadas por la instructora en las que han aparecido personas que se beneficiaron de una póliza sin haber trabajado jamás en esa empresa. Están en la base de la pirámide y son lo que Guerrero denominó «criaturitas necesitadas de ayuda».