Herrera: «Ejerceremos con orgullo y rotundidad la mayoría otorgada»

Voluntad de diálogo, sí; mano tendida al acuerdo, también, pero que quede muy claro quién gobierna gracias al mayoritario respaldo de las urnas. Es lo que le respondió ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar López, a quien le mostró su disposición «a casi todo», pero con el condicionante irrenunciable de «un poquito de coherencia» en los planteamientos y peticiones sobre la Ley de Medidas Financieras, Tributarias y de la Administración que hoy se debatirá en las Cortes y saldrá adelante con toda probabilidad gracias a la holgada mayoría del PP.

Y la posibilidad de hablar sobre esta norma que López pidió «retirar» pasa por que el PSOE ceje en sus tesis de que la Comunidad «ataca» a los grandes servicios públicos, tiene «exceso de voracidad fiscal» y que, a pesar de la «deplorable» situación económica y laboral del conjunto del país, «está en una posición inferior a la media». Herrera con esas acusaciones no transige y pidió a López y a su bancada que «reconozca la realidad». Y, a partir de ahí, se podrá abrir el diálogo, pese a que, como subrayó, a su Ejecutivo no le hacen falta más votos que los suyos para sacar adelante esta ley que, en la práctica, entre otros puntos, supondrá la puesta en marcha del céntimo sanitario, dos ecotasas y la ampliación de la jornada de los funcionarios en 2,5 horas a la semana. «Si no, ejerceremos con rotundidad y orgullo la mayoría otorgada por los ciudadanos de Castilla y León», sentenció el presidente de la Junta, quien se ocupó de recordar que esta situación y la necesidad de acción es «herencia» directa de las políticas del Gobierno de Zapatero.

Herrera también advirtió de que tres cuartas partes de los recursos se consumen en los grandes servicios públicos, que, como todo, «tienen que sujetarse a criterios de eficiencia». De hecho, la posibilidad de abrir una negociación política sobre su blindaje y medidas para la creación de empleo era el argumento de la pregunta con la que el líder del PSCL abrió la sesión de control al Gobierno en las Cortes, pero por la que pasó de refilón para anticipar lo que será hoy el debate de la primera gran ley de la legislatura que llega al Parlamento.

Y López, que incidió en reclamar «diálogo y consenso» por su «falta» y reconoció que son «necesarios» más ingresos, cargó con toda la artillería contra la Ley de Medidas, a la que calificó de «injusta e innecesaria», plagada de medidas «controvertidas» que Herrera «negó» en campaña electoral y «mala» por no contribuir a la creación de empleo y la recuperación económica. «Un desastre para esta Comunidad», aseveró.

A su juicio, la norma es una «chapuza» que ha ido incluyendo modificaciones desde que Herrera presentó el texto a finales de diciembre, entre ellas, recordó, propuestas del PSOE como gravar también la producción de energía nuclear de Garoña, pese a que el PP rechazó en Comisión las enmiendas en esta dirección. De hecho, en la argumentación de su pregunta, el portavoz socialista aseguraba que las rectificaciones han sido derivadas de la «iniciativa» de los socialistas, pese a no haber sido aceptadas sus enmiendas, lo que dio pie a Herrera para retar al principal partido de la oposición a que, si considera que el texto recoge sus planteamientos, hoy voten a favor de la norma en el pleno.

En la primera sesión del Pleno, en la que las alusiones al Gobierno central fueron una constante —por parte del PSOE para criticar y pedir al Ejecutivo de Rajoy por la de la Junta para ahondar en los reproches al ya extinto de Zapatero—, Herrera también zanjó el debate sobre la capitalidad de Castilla y León que quiso abrir el procurador de UPL Alejandro Valderas. Ante las críticas del leonesistas de la centralización —«¿No ha llegado ya el momento de dar por acabado el reinado de Valladolid?», preguntó—, el líder del Gobierno autonómico dejó claro que no entra en sus planes modificar las leyes sobre la organización de la Comunidad, ya que «no responde a una prioridad» ni social ni política, a la vez que sí se seguirá «profundizando» en el principio de descentralización.