Garzón recurre a testimonios conmovedores para defenderse

Por primera vez en democracia, un tribunal español escucha los testimonios de víctimas de la Guerra Civil. El escenario, el Tribunal Supremo, en el juicio que se celebra contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación por su investigación de la «memoria histórica». Ayer declararon tres víctimas (dos ancianas y un historiador) y hoy les toca el turno a otras tres. Así, hasta el próximo jueves, día en el que habrán pasado por la sala de vistas más de una veintena de personas relacionadas con la investigación que en diciembre de 2006 inició el juez hoy suspendido de sus funciones. El denominador común de todas ellas es que en mayor o menor medida, y durante dos años, albergaron la esperanza de recuperar una parte de su pasado. El de la parte que investigaba Garzón.

Al margen de la emoción que suscitaron en la sala los testimonios de personas que más de setenta años después de la Guerra Civil confían en saber algo de los suyos, si algo flotaba ayer en el ambiente era una incógnita: ¿qué pueden aportar estos testigos desde el punto de vista estrictamente jurídico a la defensa de Garzón? O, dicho de otra forma, ¿qué tienen que ver con el delito de prevaricación, que es lo que se está juzgando? Tratándose de un tema tan espinoso, con enormes connotaciones políticas y emocionales, lo que parece claro es que una vez que el Tribunal Supremo decidió sentar en el banquillo a Garzón no podía negar a las víctimas, testigos de la defensa, la posibilidad de contar su historia. Con esta decisión la Sala evitaba, además, convertir al juez en un mártir.

Lo cierto es que de los de ayer solo el testimonio del historiador Ángel Rodríguez Gallardo sirvió para «echar un capote» al magistrado. Siguiendo el hilo argumental del propio Garzón —en el auto en el que se declaró competente para investigar estos hechos—, Gallardo habló de «un plan sistemático para eliminar a los responsables legítimos de la Segunda República». También aludió al «genocidio» que, en su opinión, no se podía conocer si no se ponía en marcha una investigación judicial. De ahí el porqué de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional en diciembre de 2006. «Todos los datos obtenidos nos han llevado a darnos cuenta de que lo que se produjo fue una cosa terrorífica, que en otras partes del mundo se habían producido denuncias similares y que aquí no se había investigado nada», dijo. A su juicio, el golpe de Estado del 23-F ya frustró un intento de reactivación de la «memoria histórica» a finales de los años setenta. A ello se sumó la escasa colaboración del «Estado español» por esclarecer los hechos. Según este miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), no fue hasta el año 2000 cuando la «sociedad civil» estuvo preparada para «recuperar a los suyos».

Pero el testimonio más emotivo de la sesión de ayer fue el de María Martín López, una mujer de 81 años que con un hilillo de voz relató cómo en 1936 «mataron» a su madre «por no tener mil pesetas». Su relato fue confuso, incoherente en ocasiones, pero lo que sí tenía claro era que lo que sostenía en sus manos temblorosas era la foto de su progenitora y que, antes de marcharse, tiene una cuenta pendiente: la que le encomendó su padre antes de morir en 1977: «Encuentra a tu madre para que pueda venir conmigo».

María Pino Sosa, de 75 años, otra anciana que testificó ayer ante los magistrados de la Sala Segunda, busca a su padre, también desaparecido durante el primer año de la Guerra Civil. «Se los llevaron de madrugada, los apalearon, los tuvieron presos. Se llevaron el pan y la sal de nuestras casas, porque mi madre estaba enferma y buscaba a mi padre», relató esta mujer de Gran Canaria, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas. La testigo añadió que su madre se negó a firmar el acta de defunción de su esposo cuando así se lo sugirieron para gozar de todos sus derechos como viuda: «Se lo llevaron vivo y vivo lo reclamaba».