Más procuradores con sueldo

Poco dura la alegría en casa del pobre contribuyente, que el pasado mes de junio escuchó con agrado al presidente Herrera hacer de la austeridad uno de los ejes programáticos de la recién inaugurada legislatura: a los políticos se les reducían las prebendas, con el enfado de algunos de los afectados cuando leyeron los folios enviados desde Presidencia, para destinar los recursos de los impuestos a cubrir necesidades prioritarias del presupuesto. Sin embargo, las Cortes con la nocturnidad de un martes de una semana perdida del átono mes de agosto, cuando los medios de comunicación apenas se escuchan y se encuentran mermados por las vacaciones de sus trabajadores, decidió incrementar en seis el número de procuradores liberados, que cobrarán, sumando la media docena, casi trescientos cincuenta mil euros brutos anuales.

Con todo, el dato no es lo peor de la noticia, sino el momento escogido y el análisis del procedimiento. Es verdad que en el pasado mes de junio se decidió rebajar experimentalmente el número de liberados a la espera de que los designados para trabajar en exclusiva para las Cortes con la ayuda de los restantes, que cobran por asistencia a plenos y comisiones, fueran capaces de absorber el trabajo del Parlamento regional y que, de no lograrlo, podría plantearse el número de procuradores a tiempo completo; sin embargo, no parece razonable que en dos meses, con casi uno de vacaciones, ya se haya visto indispensable incrementar el número de procuradores con jornada completa, igualando así la cifra de liberados con el de la pasada legislatura: o eran necesarios en junio y su reducción fue una operación maquillaje, o esta decisión, obedece a la necesidad de ocupar y dejar contentos a esta media docena, soslayando los criterios de austeridad y el sacrificio que los ciudadanos esperan de los políticos en tiempos de crisis, muy recrudecida precisamente durante agosto.

El acuerdo tampoco ayuda a mejorar la imagen de los políticos tan deteriorada en las encuestas, porque no se han molestado en justificar la necesidad de este incremento con explicaciones fundamentadas en trabajos concretos o en previsibles necesidades de futuro. La decisión ha sido un trágala. Además queda la idea de que los grupos tan rocosos y pejigueros para conseguir acuerdos en beneficio de sus votantes, en un caso que les beneficia no han encontrado ni un solo argumento de discrepancia. La urgencia mostrada por los grupos parlamentarios populares y socialistas resulta un precedente y una respuesta nada positiva del legislativo al plan de austeridad anunciado por el Ejecutivo.