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Fabra condiciona no aplicar el copago a una mejora de la financiación

Las principales asociaciones de jueces respaldan la propuesta lanzada por el conseller de Justicia, Jorge Cabré, para mejorar la eficiencia del sistema

Fabra condiciona no aplicar el copago a una mejora de la financiación EFE

L. T./M. A. R.

Las principales asociaciones de jueces respaldaron ayer la propuesta del conseller Jorge Cabré —avanzada el domingo en una entrevista en ABC— de estudiar alguna fórmula de copago para que los usuarios de la administración de Justicia contribuyan a financiar su funcionamiento.

El jefe del Consell, Alberto Fabra, matizó que es prematuro abrir este debate y recalcó que el Ejecutivo autonómico no tendrá que recurrir a este tipo de medidas, siempre que el Gobierno central cumpla sus compromisos y mejore su financiación.

Tras reunirse con el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, Fabra recordó que el Consell se propone «mantener el mismo nivel de calidad y excelencia en los servicios públicos dirigidos a los ciudadanos». En su opinión, sería una «barbaridad» hablar en estos momentos del copago en ámbitos como la sanidad, algo que sólo podría plantearse en «el caso más extremo» para garantizar el sistema.

Pero añadió que sólo se podrá descartar por completo esta posibilidad si el Gobierno central garantiza una financiación adecuada para que las comunidades autónomas puedan seguir prestando los servicios públicos.

«Nos han ninguneado»

Como ha informado ABC, la Comunidad Valenciana es la región que recibe del Estado la menor financiación per cápita, de acuerdo con la liquidación correspondiente al ejercicio 2009. Pero además, el Gobierno central exige ahora al Consell la devolución de 2.300 millones de euros, correspondiente a los anticipos de los tributos estatales percibidos durante los últimos ejercicios.

Al respecto, el presidente Fabra recordó ayer en Castellón que el Consell destina el 85% de su presupuesto a políticas sociales y en los últimos años ha inyectado más de 1.800 millones de euros al sistema sanitario, «uno de los mejores de Europa». Y sin embargo, agregó, el Ejecutivo central «nos ha ninguneado la necesidad de contar con un financiación para los cinco millones de valencianos». Al no contabilizar la población real de la comunidad, indicó, la Generalitat Valenciana recibe cada año 800 millones de euros menos de lo que corresponde.

Una cantidad que resultaría esencial, señaló Fabra, para garantizar la subsistencia «de las administraciones más próximas, como los ayuntamientos o las diputaciones», así como para poder construir más colegios, centros sanitarios y carreteras.

En cualquier caso, la propuesta lanzada el domingo por el conseller de Justicia, Jorge Cabré, a través de las páginas de ABC, encontró ayer el respaldo de las principales asociaciones de la magistratura, con la única excepción de la progresista Jueces para la Democracia (JpD).

Una tasa «simbólica»

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, consideró ayer «lógico» que los usuarios de la administración de Justicia contribuyan a sufragar su coste mediante alguna fórmula de copago, siempre que se garantice la justicia gratuita a las personas sin recursos. Llanera propuso que el copago sea sumido por quienes pierden un litigio.

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, se mostró partidario de que los usuarios paguen una tasa «simbólica» si esta contribuye a mejorar la calidad de los servicios de Justicia, mientras que desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero apuntó que esta medida será inevitable si el Estado no destina más recursos públicos para garantizar su funcionamiento.

También el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, apoyó la implantación del copago —en determinados casos y con matices— pues, indicó, la celebración de un juicio oral cuesta al erario unos 1.400 euros. Tan sólo Jueces para la Democracia se opuso a esta medida, por considerar que perjudicaría a los ciudadanos con menos renta.

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