El Gobierno lanza una nueva ley de patentes para simplificar y homologar las invenciones

La nueva ley, señaló, sustituirá la vigente desde 1986, que "requiere un cambio" casi treinta años después. Uno de sus objetivos será "simplificar el procedimiento para la concesión de patentes" mediante la fijación de un procedimiento único para la concesión de patentes, señaló.

La norma, que se propone "fomentar la innovación como una de las actividades fundamentales para una mayor industrialización", incluirá un examen previo en relación con la novedad que aporta la innovación, lo que permitirá "lograr patentes sólidas de manera similar a los países del entorno".

Sobre este último aspecto, el ministro explicó que la nueva ley adaptará las patentes al Convenio de Munich, que asimila las concesiones españolas a las del resto de Europa.

En una nota, el Ministerio de Industria explica que el anteproyecto revisa el marco legal de la propiedad industrial en España, regulado por la ley 11/1986 de patentes. "El objetivo fundamental de la nueva ley", explica, "es equiparar la normativa al ámbito internacional y fortalecer el sistema de patentes español, estableciendo un marco legal que prime la actividad verdaderamente inventiva y novedosa".

La ley ofrecerá además una alternativa atractiva para los interesados que opten por la vía nacional de protección de las invenciones. La nueva ley ofrece a los empresarios, emprendedores y a las instituciones públicas y privadas españolas una alternativa "rápida y eficaz para proteger sus innovaciones mediante patentes sólidas, eliminando las desventajas comparativas frente a los solicitantes de la vía europea y de la vía internacional".

Un sistema de patentes sólido evita además monopolios injustificados, ya que no se da la protección y el derecho de exclusividad que la patente supone a no ser que se justifique realmente la novedad, explica el departamento dirigido por Soria.

Además, la aplicación de la norma beneficiará a juicio del Gobierno a los particulares al garantizar la seriedad de las patentes y al evitar las burbujas tecnológicas y mejorar en general la imagen de la patente española. Como novedades de la firma, figura la de que se reduce en un 50% la tasa de solicitud y búsqueda de patentes para emprendedores y pymes.

Se modifica el sistema de concesión, que dará como resultado patentes de mayor calidad y comparables a las de los países del entorno. La implantación de un único procedimiento que desemboca en un único título, beneficiará también a la seguridad jurídica, ya que se trata de títulos que han superado un doble filtro, el del examen sustantivo y posibles oposiciones de terceros. Los solicitantes tendrán además acceso a información relevante que les permitirá adoptar decisiones sobre la posibilidad de, por ejemplo, patentar en otros países, permitiendo así establecer una estrategia de internacionalización de su empresa.

El anteproyecto de ley establece que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), será la única institución nacional que otorgará la fecha de presentación a las patentes que se soliciten, y será también la única que otorgará patentes, garantizando de esta manera la unidad de mercado.

La norma regula también el régimen de actuación ante la OEPM de manera que sólo será necesario actuar a través de un Agente de la Propiedad Industrial (API) cuando el solicitante sea extracomunitario tal y como sucede habitualmente en la mayor parte de los países.