El TS condena a una mujer que abandonó a su marido inválido y le robó la pensión

Apenas un año después del accidente se incoó un expediente de constitución de tutela y, aunque las hermanas de Miguel Ángel manifestaron que el hombre tenía intención de separarse antes del accidente y que Catalina ya tenía otra pareja, la mujer aceptó y juró el cargo de tutora de su todavía marido. Mala decisión porque a partir de ese momento comenzó el desfalco. La aseguradora pagó a Miguel Ángel 787.000 euros por las secuelas de su accidente, que se sumaban a los 2.000 que percibía mensualmente como pensión y que servían para sufragar sus gastos en aquella residencia.

El marido inválido no ha visto ni un euro de los 787.000 que empezó a administrar Catalina, que se compró una casa nueva (solo a su nombre), se sacó el carné de conducir y se compró un coche. A la vez que cambiaba de vida, de pareja y de ciudad, y con las hermanas de Miguel Ángel pisándole los talones, Catalina se llevó a su marido a cientos de kilómetros de ellas, esta vez a una residencia de ancianos que dejó de pagar (pasó a quedarse también con el dinero de la pensión de invalidez), como también dejó de proporcionar a la residencia los utensilios de aseo imprescindibles para el cuidado de su marido. Catalina desapareció de la vida de Miguel Ángel hasta tal punto que la nueva residencia se tenía que comunicar con ella vía burofax (porque no cogía el teléfono) y tuvo que ser la propia directora del centro la que llevara el caso a los Tribunales. El marido estaba desamparado, aislado socialmente y con la autoestima por los suelos, como reconocieron los psicólogos.

Se inició entonces el procedimiento para remover a Catalina del cargo de tutora, que asumió el director de la anterior residencia. Este le ingresó otra vez en su centro, más acorde al perfil de Miguel Ángel. El nuevo tutor instó la declaración de divorcio del matrimonio mientras que la justicia acorralaba cada vez más a Catalina, que se negó reiteradamente a justificar sus gastos. No tardaría en llegar la sentencia: cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida con la agravante de abuso de relaciones personales. Pese a desaparecer durante quince meses de la vida de su marido, apenas tardó cinco en anunciar ante el Supremo un recurso contra esa condena.

En una sentencia muy dura, pese a rebajarle la pena de cuatro a dos años por una cuestión de carácter técnico, la Sala Segunda del Tribunal Supremo señala que «los incumplimientos casi absolutos de las obligaciones tanto morales como patrimoniales que eran exigidos a la acusada resultan intolerables y graves, y entre ellos destaca el incomprensible traslado desde una residencia que era adecuada para el tratamiento del incapaz y su mejor recuperación tanto física como psíquica a otra bien distinta para ancianos que resultaba totalmente inadecuada para esa recuperación, y lo terrible es que la única explicación lógica a esa lamentable decisión fue alejar al incapaz de sus hermanos y del juzgado, dificultando un posible control sobre la manera en que iba a disponer de la indemnización concedida a Miguel Ángel y del modo en el que iba a rehacer su vida sentimental de pareja»,

Miguel Ángel tiene hoy 47 años, y aunque es probable que Catalina no pise la cárcel (al ser la pena de dos años y no tener antecedentes penales) y no recupere su indemnización, ahora es él el que no quiere que se le acerque nunca más.