Aragón prohibirá la mendicidad a quien cobre la Renta Social Básica

Así se desprende del documento base que maneja el Ejecutivo presidido por el socialista Javier Lambán. El punto de partida es la proposición de ley que presentó a finales de 2012 y que no fue admitida por el Gobierno PP-PAR presidido entonces por la popular Luisa Fernanda Rudi. En aquella proposición de ley del PSOE se indicaba expresamente, en el apartado de requisitos para recibir la «Renta Social Básica», que el beneficiario no podría «practicar la mendicidad ni permitir o forzar su práctica a otros miembros de la unidad de convivencia» . Lo contrario sería causa para retirarle directamente la prestación.

La nueva ley del salario mínimo garantizado con cargo al Gobierno aragonés incluirá previsiblemente este mismo requisito, salvo que el PSOE cambie ahora de criterio respecto a lo que defendió hace menos de tres años.

La futura «Renta Social Básica» de Aragón se concederá a cada beneficiario por un máximo de dos años, prorrogable por plazos de dos años mientras el beneficiario mantenga su misma situación de precariedad.

Ayer, Lambán se reunió con representantes de 75 entidades de acción social para explicarles las líneas esenciales de lo que será la futura «Renta Social Básica» de Aragón, que ampliará el actual Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). El presidente regional indicó que su objetivo es que su gobierno presente el proyecto de ley de la «Renta Social Básica» antes de fin de año y tramitarlo «de urgencia» para que entre en vigor en 2016.

El Ejecutivo de Lambán no ha detallado aún ni cuáles serán los importes de ese sueldo mínimo garantizado para cualquier hogar aragonés ni a cuántas personas se le prevé abonar . Por tanto, tampoco sabe con precisión qué sobrecoste conllevará para las arcas de la Comunidad autónoma. Sin embargo, fuentes del PSOE ya indicaron a ABC hace mes y medio que barajaban que el sobrecoste sería de entre 50 y 60 millones de euros anuales : actualmente el IAI le supone al Gobierno aragonés un desembolso de unos 30 millones de euros al año, mientras que el nuevo modelo de la «Renta Social Básica» podría costar entre 80 y 90 millones de euros.

Todo esto considerando la actual situación socioeconómico de una Comunidad en la que se calcula que hay unos 15.000 hogares que subsisten sin ningún ingreso salarial. Conforme la economía mejorara y se redujera el paro, el número de perceptores de la «Renta Social Básica» también se reduciría.

Sí se ha avanzado que habrá dos tipos de prestaciones de este tipo: una renta social básica para hogares que carezcan de rentas del trabajo; y otra —una renta de carácter complementario— para aquellos que, aún teniendo ingresos laborales, se sitúen por debajo de lo que se considere necesario para una calidad de vida mínima. También variarán las cuantías según que el perceptor se someta o no a programas de inserción sociolaboral, que aún está también por concretar en qué consistirán.