¿Gobierno de los jueces?

Vayamos a los hechos: el Gobierno madrileño había decidido «externacionalizar» –eufemismo de privatizar– la gestión de seis hospitales, al considerar que dicha gestión es más eficaz que la pública. La respuesta fue una enorme y prácticamente unánime protesta del personal sanitario, que se movilizó durante meses, apoyado por diversos colectivos y, naturalmente, la oposición. Visto que el Gobierno no cedía, llevaron el asunto a los tribunales, y el Superior de Madrid suspendió cautelarmente la medida «en defensa del interés publico y para evitar daños que serían irreparables».

En apariencia, todo en orden. En caso de controversia, lo que procede es acudir a los tribunales para que decidan. Pero esta no es una controversia cualquiera. No estamos hablando de un conflicto laboral, de un delito o de un pleito de propiedades. Estamos hablando de un conflicto de jurisdicciones. Y esto es otra cosa. Diría, incluso, algo completamente distinto. La Comunidad de Madrid no iba a privatizar los hospitales, que continuaban siendo suyos, o sea, de sus ciudadanos. Iba a privatizar su gestión, es decir, su administración, y la administración, en democracia, corresponde a la Administración, con mayúscula, es decir, al Ejecutivo o Gobierno, no a la Justicia. En último término, y de estar en riesgo los derechos o intereses de los ciudadanos, como la sentencia alega, correspondería decidir al Tribunal Constitucional, nunca a un tribunal ordinario, por muy Superior que sea de una Comunidad. Con lo que el madrileño, en opinión de este que escribe, que sin ser experto en leyes es experto en democracia por haber vivido su entera vida adulta en democracias consolidadas, se ha excedido en sus competencias.

Lo chusco es que el caso se convierte en «justicia poética», nunca mejor usada la expresión, si pensamos que da la vuelta a uno de los pecados originales de nuestra democracia: la politización de la Justicia. Los partidos no respetaron la norma básica de la separación de poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y procuraron por todos los medios asegurarse el control del tercero de ellos –empezando por el Consejo General del Poder Judicial y terminando por el de la Fiscalía General, subordinada al Ministerio de Justicia–, a fin de asegurarse la inmunidad en sus errores y trapicherías. Ahora, en pleno desprestigio de la clase política, los jueces se toman la revancha, puede que sin darse cuenta, revocando con sus sentencias las decisiones gubernamentales.

De la Justicia politizada pasamos al gobierno de los jueces. No sé qué es peor. Mejor dicho, lo sé: el gobierno de la calle. Pero esa es otra historia. ¿O es la misma?