El dispositivo policial en Cataluña costó 87 millones a las arcas públicas

PSOE y Bildu registraron en octubre una solicitud de comparecencia del ministro; no así los grupos catalanes. Zoido, que ha ofrecido información calificada hasta ahora de «reservada», ha defendido la labor de los cuerpos de seguridad. «La actuación fue legítima, fue profesional y fue proporcional», ha resumido acompañándose del aval dado por la Fiscalía o la Comisión Europea. Los socialistas han acusado al Gobierno de «improvisación» mientras que Podemos y los nacionalistas han denunciado violencia desproporcionada el 1-O.

El ministro reconoce que el Gobierno, que prometió que no habría urnas, no sabe todavía hoy de dónde salieron las cajas de plástico para la votación ilegal de aquel día. «Es verdad que las urnas no fueron encontradas. Nadie ha reconocido que esos cubos reunían las características de las urnas que se buscaban», ha concedido en su turno de réplica a los grupos. Zoido asegura que los recipientes, en todo caso, no entraron ni por el puerto ni por el aeropuerto, tampoco por mensajería a los miembros de la Generalitat o de entidades soberanistas; aunque ha deslizado que pudo ser a través de los 40.000 voluntarios para organizar el 1-O. Aunque no se interceptaron, sí se requisaron millones de papeletas y de propaganda para el referéndum, por lo que aseguró: «No cabe hablar de ineptitud».

El desafío soberanista obligó, por mandato judicial, a movilizar un dispositivo de seguridad extraordinario en la bautizada como Operación Copérnico que involucró a 6.000 agentes. El ministro ha hecho un extenso relato sobre cómo «la absoluta pasividad» de los Mossos forzó en el último momento la intervención directa de las FCSE para impedir la votación ilegal. A primera hora de esa jornada, el ministro fue informado de que los Mossos no actuarían y se dio la orden de acudir a los colegios electorales cuando ya estaban ocupados por miles de ciudadanos.

Zoido ha denunciado la connivencia entre la Generalitat y los mandos de los Mossos el 1-O que ha deducido, entre otras cosas, porque el Govern ofreció aquella noche datos de colegios electorales en los que la Policía autonómica catalana dijo haber impedido la votación ilegal. Durante la jornada, ha precisado, se desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centener de locales. El Gobierno dio por desarticulado el referéndum, aunque el Govern hizo un recuento por la noche asegurando que votaron casi 2 millones de personas.

Zoido acusa al ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, imputado por sedición, de no haber tenido «diligencia» para frustrar el referéndum; al contrario. El 1 de octubre Trapero sacó a la calle a 7.850 mossos pese que existía la certeza de que habría desórdenes. Sin embargo, el día de las elecciones, el 21 de diciembre, participaron 11.565 agentes de la policía autonómica en la seguridad pública en Cataluña.

El ministro ha criticado la manipulación del censo y ha precisado que en 149 de los 948 municipios catalanes hubo más votantes que personas censadas. Ha dado un ejemplo: en la localidad barcelonesa de Polinyá, con un censo de 5.910 personas, llegaron a votar 10.215. «Parece que a muchos yo creo demasiado les vino muy bien ira Polinyà y todos fueron por la carretera B-142 que es la única que existe. Es una curiosa coincidecia», ha ironizado.

El ministro ha recriminado que la actitud general de los Mossos aquella jornada «fue de absoluta pasividad y nula colaboración con las FCSE» y ha relatado cómo los agentes se encontraron con la «actitud hostil» de muchos ciudadanos. Fue una acción «organizada» para frustrar la intervención policial, ha denunciado Zoido, se utilizaron «niños» y «encapuchados» que siguieron instrucciones coordinadas y vigilaron los movimientos policiales.

«Yo no digo que todos los que se encontraron en los colegios fueran radicales, no, había muchos ciudadanos pacíficos. Pero se infiltraron muchos radicales que estaban perfectamente organizados para impedir la orden del juez», ha asegurado el ministro.

Fue «una resistencia pasiva organizada», ha señalado el titular de Interior, que ha defendido la actuación policial que se rigió sobre el criterio de un uso mínimo y proporcionado de la fuerza, evitando cualquier exceso, ha recalcado. «Los hechos son lamentables y preferiblemente nunca debieron producirse, pero las FCSE no pueden eludir su responsabilidad no pueden mirar para otro lado», ha insistido.

Zoido ha «lamentado» los heridos entre los ciudadanos usados de «parapeto» por el Govern, también entre los agentes, pero cuya resposabilidad ha cargado en exclusiva en el ejecutivo de Carles Puigdemont y quienes empujaron a los ciudadanos contra la ley y la policía. «Lamento como el que más que hubiera heridos , claro que sí, pero sin duda los responsables fueron quienes con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal generaron un clima de crispación y desobediencia», ha aseverado durante su primer turno de palabra.

Zoido ha descargado en «la arrogancia e irresponsabilidad del Gobierno Autonómico Catalán» de Carles Puigdemont lo acontecido en aquella jornada funesta para España y su imagen en el mundo, y que ha acarreado un coste extra de 87 millones de euros.

«Sí, es una cantidad muy importante de dinero, otro alto coste que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Cataluña. Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras».

Toda la oposición ha cuestionado el papel del Ministerio del Interior el 1-O. «Falto previsión y sobró improvisación», ha resumido el portvoz socialista Francisco González Cabaña , que ha dejado claro que su grupo no cuestiona a las fuerzas policiales, sino al Ministerio. A los mandos políticos acusa de «ineptitud» y «negligencia». Rajoy, sostiene el PSOE, estuvo «cegado» por su anuncio previo de que «no habría urnas en Cataluña» y luego no supo reaccionar. «Pusieron a los policías y a los guardias civiles a los pies de los caballos», ha censurado.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha censurado que Interior no se abra expedientes entre «la policía de los piolines» por los heridos y el uso de material antidisturbios que provocó la pérdida de la visión de un ojo a un hombre, Roger Español, en Barcelona y ha cuestionado si el envío extraordinario de agentes a Cataluña pudo poner en riesgo la seguridad del resto de país, que está en el nivel 4 de alerta antiterrorista.

El portavoz del PDECat, Josep Lluís Cleries , acusó al Estado de actuar bajo el espíritu del «¡a por ellos!», aludiendo a los vídeos en los que se ve despedir a policías movilizados para Cataluña de todas partes de España. «Fueron papeletas frente a cascos, porras y pelotas de goma», dibujó el senador convergente, que habló de «actuación desproporcionada» y acusó al Ministerio de decretar la intervención como «secreto de Estado» para «protegerse» de su «mala» gestión.

El senador de ERC Xavier Castellana acusó al Estado de regirse bajo «el testamento político de Franco» y denunció al Gobierno de ejercer «represión» en Cataluña. El PP defendió la «prudencia y la templanza» del Ejecutivo para frenar el ataque desleal e la Generalitat. Podemos habló de «fracaso» de Rajoy y recriminó a PP, PSOE y Ciudadanos que no aceptasen su iniciativa de crear una comisión de investigción para aclarar los hechos del 1-O. Parece que no fue suficiente con cinco horas de comisión en el Senado .