Los partidos conocerán su límite de gasto antes de los procesos electorales

El senador vasco Jokin Bildarratz, promotor de una de ellas, ha considerado durante el pleno de la Cámara alta un «avance» que los partidos vayan a saber con antelación de qué dinero pueden disponer y ha asegurado que esto evitará «problemas de interpretación».

Según la enmienda incorporada, será el Tribunal de Cuentas el que comunique la «cifra máxima individualizada de gasto electoral correspondiente a cada formación con representación en el Congreso inmediatamente después de que el acuerdo de candidaturas sea firme».

Las ocho enmiendas con las que el Senado remite el texto al Congreso para su aprobación definitiva han sido fruto de la negociación que han prolongado hasta el último momento el PP, CiU y PNV. Otras de ellas van dirigidas a la elaboración en un plazo de dos años del reglamento de la ley de memoria histórica que permitirá a partidos como el PNV y UDC la restitución de bienes y derechos incautados durante la Guerra Civil y a no considerar donaciones las que se hagan entre partidos de una misma unión, confederación o coalición.

Asimismo, en este último trámite del Senado se ha incorporado al proyecto de ley que las aportaciones de los cargos públicos que no estén afiliados puedan tener esa consideración , si así lo manifiestan, y dar un plazo de un año para la consolidación de las cuentas de las asambleas locales con autonomía financiera.

Esta ley, junto con la ya vigente ley de transparencia y la que regula la actividad de los altos cargos -aprobada también hoy por esta Cámara-, sustenta la apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy por combatir la corrupción. Para ello introduce novedades en la financiación de los partidos como prohibir las donaciones de personas jurídicas (empresas) y las donaciones anónimas y fijar en 50.000 euros -la mitad que ahora- la donación máxima de las personas físicas.

Hasta ahora los partidos políticos podían recibir donaciones procedentes de empresas con el límite de 100.000 euros anuales, pero el Ejecutivo decidió prohibirlas completamente en el anteproyecto de ley, aunque no a sus fundaciones, que serán fiscalizadas más exhaustivamente por el Tribunal de Cuentas.

El senador del PSOE, Francesc Antich, ha justificado la abstención de su grupo en la votación del texto al decir que, si bien el proyecto de ley ha mejorado, es necesario un mayor «consenso y debate» en torno a la corrupción «respecto a lo que demanda la ciudadanía» y no por los intereses de los partidos. Ha considerado que no se ha tratado a fondo aspectos como «auditar más» las cuentas de los partidos y controlar no solo su financiación sino también «su calidad democrática», hecho que considera que dificultaría que se produzcan «actuaciones irregulares».

Antich ha pedido que se fijen más limites «al fraccionamiento de contratos del sector publico», que se restrinja «los adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad» y que se mejoren los mecanismos procesales que aceleren el enjuiciamiento y diriman responsabilidades penales.

El texto aprobado impide las condonaciones de deuda de las entidades de crédito a los partidos políticos; obliga a estos a ampliar la información económica y contable que deben hacer pública y recorta un 20 por ciento las subvenciones que reciben para envíos de propaganda electoral, lo que se suma a la reducción del 40 de las ayudas públicas consolidada en los últimos dos años.