La «constitución» catalana no permite que nadie se independice

De entrada, la «constitución» de Vidal no permite para otros lo que para sí reclama y exige al Gobierno: la independencia. En su articulado (art. 35), se señala que «la política exterior y diplomática tendrá especial cuidado en velar por el respeto a los derechos de autodeterminación de los pueblos, ejercido de acuerdo con los principios democráticos y de legalidad internacional». Sin embargo, este supuesto aval al secesionismo no es aplicable en el seno de Cataluña, donde, por ejemplo, hay un territorio con autonomía y hasta estatuto propio, el Valle de Arán, cuyo Consejo aprobó en 2012 reclamar el derecho a decidir su encaje en Cataluña en caso de que ésta se separara de España. Y es que en el mismo artículo 35 se advierte de que Cataluña «se compromete a mantener los actuales límites territoriales». Eso sí, añade -por aquello del anhelo de unos Países Catalanes que integren la Comunidad valenciana, parte de Francia y de Aragón-, «sin perjuicio de fomentar los especiales vínculos con las tierras de habla catalana bajo soberanía de otros Estados».

Los adalides del independentismo catalán se han cansado de censurar el blindaje de la Constitución española a la hora de promover su reforma. Como la que podría llevarse a cabo para permitir que Cataluña celebrara un referéndum. No obstante, en la «constitución» de Vidal la reforma constitucional exige un apoyo parlamentario no inferior al que demanda la Carta Magna española. Así, las mayorías necesarias para promover una reforma de la «constitución» catalana van de los 3/5 del Parlamento catalán a los 2/3, según su calado, y, en caso de que la reforma se promueva mediante una iniciativa legistativa popular, debe contar con un mínimo del 25 por ciento del electorado.

En el borrador promovido por el magistrado Santiago Vidal y sus anónimos colegas se cumple con el formalismo de describir los límites geográficos de Cataluña. En su artículo 35 se proclama solemnemente que «Cataluña limita al norte con Francia, al sur y oeste con España». Seguramente, tan absorto ha estado estos meses el juez Vidal en la redacción de su «carta magna» y en sus innumerables apariciones mediáticas que no ha tenido tiempo de ver las noticias, en las que el nombre del país de Andorra salía por doquier a propósito de las evasiones fiscales de los Pujol. De ahí, probablemente, que el país pirenaico que limita por el norte en Cataluña no se mencione en su «constitución».

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, como portavoz de la causa separatista, ha insistido hasta la saciedad que no contempla que una Cataluña independiente no sea reconocida por la Unión Europea; que ésta no la abrace y le dé la bienvenida. Sin embargo, en un ejercicio de «realpolitik», el magistrado Vidal sí contempla este funesto escenario de aislamiento. En el ámbito internacional, la Cataluña que dibuja en su borrador «declara su firme voluntad de formar parte de la ONU (art. 92) como miembro de pleno derecho» y anuncia que «quiere continuar formando parte de la Unión Europea, y pasar a ser lo más pronto posible su Estado número 29». Lo quiere porque no está garantizado, admite. De hecho, en el mismo artículo se señala que «en consecuencia, el Parlamento y el Gobierno catalán llevarán a cabo todos los pasos oportunos para lograr nuestra permanencia dentro de estos organismos (ONU y UE) o, si procede, nuestra adhesión en el plazo más corto que la legislación internacional permita».

La Cataluña de Vidal, una República unicameral con presidente y primer ministro parecida a la francesa, tendrá el catalán como lengua «oficial» y «utilizada de forma preferente» por sus Administraciones (art. 4). El castellano, se relega a lengua «cooficial», como el aranés, pese a que es la lengua de uso habitual de la mitad de la población catalana. Y pese a que en la misma «constitución» se garantiza que nadie puede ser discriminado «por razón de sexo, etnia, raza y... lengua». Tampoco cabe la discriminación por motivos religiosos, aunque se prohíbe el uso en espacios públicos del velo integral islámico, burka o niqab (art. 13).

El artículo 85 tiene un rimbombante (e idílico) epígrafe: «Cataluña nación de paz». A renglón seguido, se detalla y razona una de los aspectos que más llaman la atención de la carta magna elaborada por jueces catalanes. A saber: no habrá ejército catalán. «Cataluña es territorio libre de ejército y fuerzas armadas, salvo la policía propia (Mossos d’Esquadra) encargada de la seguridad pública. En otro de los tres -incluido el de Vidal- borradores de «constitución» presentados el pasado viernes, el liderado por el profesor de Derecho constitucional Oriol Vidal-Aparicio, sí que se contempla como necesario unas Fuerzas Armadas a la catalana.

El texto prevé la «doble nacionalidad, catalana y española» para «todos los ciudadanos de Cataluña» que así lo escojan «libremente». Así se recoge en el artículo 12 de la «constitución», que no obstante concluye con una frase condicional evidente: «...siempre y cuando España reconozca su derecho a conservarla». Ya en clave europea, y abonados al «wishful thinking», los juristas liderados por Santiago Vidal subrayan en este mismo apartado que «los catalanes continuarán siendo ciudadanos europeos con todos los derechos y deberes de los que disfruten en el momento de constituirse la república catalana».

«La Administración del Estado se caracteriza por los principios de proximidad y descentralización», reza el artículo 5. ¿Una supuesta reacción al centralismo que tantas veces ha vilipendiado el nacionalismo catalán? ¿Un guiño a la reclamaciones de la llamada «Cataluña de comarcas». No. «Barcelona es la capital de Cataluña» y es la «la sede del Gobierno de la República, del Parlamento y del Tribunal Supremo, poderes ejecutivo, legislativo y judicial», dicta el borrador de los juristas. Sólo concede que el Consejo de Ministros se reúna, al menos una vez al año, en Gerona, Tarragona y Lérida.