El bipartidismo afronta un año clave con 2.000 imputados por corrupción

Los ciudadanos han empezado a reflejar su creciente malestar e indignación en las encuestas por la corrupción, que ha extendido una enorme mancha de sospecha sobre todos los políticos en general, y en concreto sobre los que han tenido el poder en España durante la mayor parte de la democracia. Si en las elecciones generales de 2011 el PP y el PSOE sumaban casi tres de cada cuatro votos válidos emitidos (el 73,39 por ciento del total), en las últimas encuestas apenas llegan al 50 por ciento en estimación de voto. El último barómetro del CIS (octubre de 2014) reflejaba un 51,4 por ciento acumulado entre populares y socialistas, y situaba ya a Podemos pisando los talones, con un 22,5 por ciento en estimación de voto.

Con esas previsiones, en el Gobierno y el PSOE han saltado todas las alarmas, ante el fuerte retroceso que pueden tener en las elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo, y que podría ser un anticipo de lo que ocurra a finales de año en las generales. A día de hoy, en La Moncloa son conscientes de que la recuperación económica será insuficiente para recuperar esos tres millones de votos que se han alejado del PP desde 2011 y que de momento están «ocultos» en las encuestas. El hastío por los casos de corrupción y por la falta de ejemplaridad durante la crisis económica está pesando claramente en las encuestas, y ya se reflejó en parte en las europeas de mayo de 2014. En esa cita el PP y el PSOE sumaron el 49,10 por ciento de los votos, frente al 80,9 por ciento que lograron entre los dos en las anteriores elecciones al Parlamento Europeo. Fue el primer aviso serio de Podemos, que sumó 1,2 millones de papeletas y cinco eurodiputados.

Desde entonces, la formación de Pablo Iglesias no ha hecho más que subir en las encuestas, aupada por los numerosos escándalos de corrupción que han salido a la luz y que no han hecho sino distanciar aún más a muchos ciudadanos no solo de los partidos tradicionales, sino del sistema en su conjunto, pues se han visto afectados casi todos los partidos, sindicalistas, empresarios y otras instituciones del Estado.

Desde la trama Gürtel (en la que se juzgará de momento a 43 personas), hasta el caso Nóos (se procesará a 17 personas, entre ellas la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín), pasando por el caso Pretoria (se juzgará a 11 personas), la Operación Púnica (50 imputados), el caso de las tarjetas opacas (las usaron más de 80 directivos), el caso de los ERE (más de 220 imputados), el caso Pujol (el expresidente, su esposa y seis de sus siete hijos están imputados) o la investigación al histórico sindicalista asturiano José Ángel Fernández Villa... Los escándalos no han dado tregua y han pasado factura a los grandes partidos, mientras el populismo no ha dejado de engordar.

La preocupación por la corrupción se disparó en el último barómetro del CIS, con un récord histórico al llegar al 63,8 por ciento, solo por detrás del paro (77 por ciento). En esta situación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ordenó en noviembre a su Grupo parlamentario en el Congreso que activara de forma inmediata las leyes anticorrupción, después de comprobar que el PSOE no quería un gran pacto global, para marcar así distancias con el PP.

Las dos principales leyes (control económico-financiero de los partidos y estatuto del alto cargo de la Administración General del Estado) avanzan en fase de ponencia y se aprobarán en un Pleno extraordinario este mes de enero (vea información aquí) . Dos meses después del portazo socialista al pacto de Estado, el Ejecutivo y el PSOE avanzan de nuevo hacia posibles acuerdos sobre el contenido de ambas leyes, a las que se une la reforma del Código Penal y otras dos leyes que estarán aprobadas antes de verano: la de Enjuiciamiento Criminal y la de Contratos del Estado. En el Palacio de la Moncloa se sostiene que las leyes anticorrupción fortalecen a las instituciones democráticas frente a quienes quieren acabar con ellas sin hacer ninguna propuesta constructiva, y eso es algo que interesa impulsar a los dos grandes partidos.

Después de la reunión que mantuvieron la semana pasada en La Moncloa Rajoy y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el jefe del Gobierno rebajó claramente su tono de crítica frente al discutido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. De hecho, en el balance de fin de año, Rajoy subrayó que él no tiene «ningún problema con el PSOE». «El Partido Socialista es un gran partido, ha gobernado durante muchos años en este país», advirtió. Y afirmó que es bueno el acuerdo en los grandes asuntos de Estado, «como ha ocurrido siempre». «Todavía creo que podemos llegar a un entendimiento», señaló respecto al plan anticorrupción. Rajoy no descartó una futura coalición con el PSOE, y se limitó a señalar que «dentro de un año» se puede hablar de ello.

Desde el Gobierno, además, se incide en la importancia de la estabilidad política para mantener la senda de la recuperación económica y no dar marcha atrás. Será uno de sus mensajes de aquí a las elecciones de mayo. Mientras, Rajoy tiene previsto descargar su agenda internacional este año clave, para centrarse en explicar su mensaje a lo largo y ancho de España.