El Tribunal de Cuentas revela un desvío «injustificado» de fondos para formación a empresas

El Tribunal señala que esta excesiva subcontratación hace que determinadas empresas «se hayan convertido "de facto" en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las organizaciones empresariales y sindicales».

Concretamente, el informe apunta que se ha superado el porcentaje de subcontratación establecido en la Ley General de Subvenciones, fijado en un 50%. Hasta en 227 de los 300 convenios formalizados en los planes de formación de la convocatoria de 2010, el 75,6%, superaba ese límite, mientras que en el 25,3% de los mismos (76 convenios) se llegó a subcontratar la totalidad de la subvención concedida.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas subraya la necesidad de estudiar la idoneidad de mantener la excepción a la Ley General de Subvenciones, que permite obviar el principio general de solicitud de ofertas a diferentes proveedores para proceder a la subcontratación de las actividades subvencionadas, «lo que en la práctica está ocasionando una adjudicación directa a favor de las empresas proveedoras de formación».

Así, la CEOE contrató de forma directa, al menos, 4,3 millones de euros sin solicitud previa de tres ofertas de proveedores, mientras que Cepyme lo hizo por importe de 6,1 millones de euros, a los que habría que añadir 1,6 millones de euros imputados a su plan de formación sin formalizar instrumento jurídico alguno entre esta entidad beneficiaria y las empresas subcontratadas.

Por su parte, UGT contrató, al menos, 1,1 millones de euros de forma directa, lo que, según el Tribunal, «vulnera los principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos», mientras que la Fundación Laboral de la Construcción lo hizo por, al menos, un importe de 12,2 millones de euros.

Asimismo, el informe señala que la Federación Nacional de Clínicas Privadas subcontrató el 100% de su plan de formación con una empresa proveedora, lo que, a pesar de contar con la autorización previa de la Dirección General del SEPE, resulta para el tribunal «de difícil justificación, ya que convierte a dicha federación a un mero intermediario».