CatalunyaCaixa perdió 30 millones en inversiones con un amigo de Mas

CatalunyaCaixa -denominación comercial de Catalunya Banc- nació de la fusión de Caixa Tarragona, Caixa Manresa y Caixa Catalunya. Las operaciones investigadas pertenecen a Caixa Catalunya antes de que se fusionara con las otras dos entidades.

En 2007 el presidente de Caixa Catalunya era el exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra, que dirigió la entidad entre 2005 y 2010. La caja compartía desde 1992 con Massot al 50 por ciento la sociedad Vertix Procam S.L.. Vertix es el grupo inmobiliario del constructor y Procam, la promotora de la caja.

Así, en el año 2007 Felip Massot propuso a la entidad tres operaciones inmobiliarias a través de Vertix Procam: La Seda, en Barcelona; Paseo Morella, en Castellón; y Son Güells, en Palma de Mallorca. Según el informe «forensic» que Catalunya Banc ha encargado a la auditora, en estos tres «negocios» inmobiliarios tuvieron como denominador común una serie de irregularidades.

Una de las más llamativas es el sobreprecio que se pagó por los terrenos. En el caso de La Seda, Vertix Procam acordó un precio de 50 millones de euros el 10 de mayo de 2007, mientras que la tasación que se encargó en diciembre de ese mismo año fue de solo 38 millones. Además, quien vendía los terrenos era otra empresa del mismo Felip Massot. El amigo de Artur Mas colocaba con plusvalías suelo de su propiedad y luego obtenía financiación para hacer las promociones, como dueño del 50 por ciento de la sociedad que adquiría las parcelas.

En el caso de Paseo Morella, en Castellón, el 30 de marzo de 2007 se acordó la compra del suelo por 31 millones de euros. La tasación del 31 de diciembre de ese mismo ejercicio dijo que valían 22 millones de euros. Es decir, se habría pagado un sobreprecio de nueve millones de euros, un 40 por ciento inflado.

En la tercera operación, la de Palma de Mallorca, el suelo costó el 10 de mayo de 2007 la cantidad de 26,1 millones de euros. La tasación del 31 de diciembre lo cifró en 18 millones, lo que da un sobrecoste del 44 por cien.

Los datos que tiene sobre su mesa la Fiscalía Anticorrupción sostienen que la caja ha sufrido un perjuicio patrimonial como mínimo por la pérdida de valor de las inversiones inmobiliarias, según fuentes consultadas por ABC. Los terrenos se han seguido depreciando, por lo que la última tasación cifra unas pérdidas atribuibles a Catalunya Caixa, ahora Catalunya Banc, de 29,66 millones de euros.

Pero las irregularidades detectadas van más allá de los sobreprecios. El informe remitido por el FROB sostiene que los terrenos fueron adquiridos sin la «necesaria autorización» del Consejo de Administración. La sociedad inmobiliaria acometía las inversiones y luego informaba al consejo. El informe «forensic» también destaca que era Vertix, la empresa de Felip Massot, quien decidía qué proyectos se acometían y luego Procam, el otro 50 por ciento de la compañía, se limitaba a hacer un informe para su matriz, la caja. Ésta se limitaba a poner dinero y dejarse llevar por Felip Massot.

Además, las empresas del amigo de Artur Mar cobraban comisiones a la sociedad que compartía con la caja por las gestiones de compra de suelo. El informe denuncia que las parcelas se adquieren «a una sociedad del grupo del socio industrial (o abonándole a éste una comisión)» y, además, por un precio que «no se corresponde con la tasación»

El «forensic» también destaca que ni Procam ni Caixa Catalunya marcaron una serie de procedimientos legales sobre cómo debían hacerse las inversiones y qué seguimiento había que practicar. El descontrol era tal que la Comisión Ejecutiva de la caja presidida por Narcís Serra ni siquiera recibía un informe jurídico que valorara la situación urbanística de los terrenos.

Además, la auditoría denuncia que se procedió a gran parte del pago de las parcelas «sin garantías adecuadas» y «no se ejercitaron las acciones que hubieran podido proteger los intereses de la sociedad». Se refiere a que, por ejemplo, en el caso de Palma de Mallorca había un convenio municipal que reconocía una indemnización de siete millones de euros en caso de no aprobarse el plan urbanístico en el plazo de tres años. El nuevo gobierno lo cambió, pero «no consta» que la sociedad de la caja lo haya impugnado.

Vertix Procam, que en julio de 2013 cambió su nombre por el de Landomus, acabó quebrando. En noviembre de ese año, Massot y Catalunya Caixa presentaron concurso de acreedores con unas deudas de más de 200 millones de euros.

Por otro lado, la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) denunció el año pasado en los juzgados de Barcelona que Catalunya Caixa había dado más de 5.000 millones de euros en créditos a grandes constructoras catalanas pese a que era muy complicado que los devolvieran porque algunas estaban cerca de la quiebra. Entre estas constructoras está el grupo Vertix, que recibió unos 300 millones de euros. La demanda se incorporó al procedimiento del Juzgado de Instrucción 30 que investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra la cúpula de Catalunya Caixa -entre ellos Narcís Serra- por las «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas» que aprobaron.