La consulta ilegal se desinfla mientras los independentistas acosan puerta a puerta

La negativa de Ortega a dar instrucciones a los secretarios e interventores municipales es más que significativa y evidencia las discrepancias que el proyecto independentista genera entre Unió y Convergència. Mientras el presidente autonómico posaba el sábado pasado junto a más de 800 alcaldes favorables a la consulta en un acto en el que se pretendía visualizar un gran apoyo territorial, la responsable de la función pública catalana y dirigente de UDC se resiste a comprometer a los empleados municipales. Éstos podrían ser inhabilitados por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), que ha suspendido la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N.

Ortega ha respondido a la carta que el pasado 1 de octubre le envió la presidenta del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (Csital), Maria Petra Sáiz, quien en nombre de un colectivo afín a la consulta y «plenamente consciente del momento histórico que estamos viviendo», pedía «instrucciones» mientras dure la suspensión del TC. La vicepresidenta explica en su respuesta que «el Gobierno de la Generalitat está llevando a cabo todas las iniciativas legalmente oportunas para hacer viable que el 9-N se pueda realizar la consulta inicialmente convocada».

Pero «en referencia a la petición que me trasladan, soy plenamente respetuosa con la autonomía local, así como con las funciones de asesoramiento jurídico preceptivo y de control y fiscalización de la gestión económica que la normativa atribuye a secretarios e interventores respectivamente, razón por la cual no me puedo arrogar la competencia de dar instrucciones sobre las actuaciones a realizar por los secretarios de Ayuntamiento en el desarrollo de sus funciones».

Recuerda, no obstante, que «las actuaciones a desarrollar se han de adecuar en todo momento a la legalidad aplicable, es en esta línea en la que estamos actuando». Tanto Ortega como el consejero de Interior y máximo responsable de los Mossos d’Esquadra, Ramon Espadaler –también dirigente de UDC– han expresado en las reuniones del Gobierno catalán su rechazo a convocar una consulta ilegal , lo que les ha enfrentado a los consejeros convergentes favorables a desafiar la legalidad. Por su parte, el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, reconoció ayer que «cada día que pasa hay menos garantías democráticas» para celebrar la consulta y avisa de que no se puede «perpetuar demasiado en el tiempo» la actual situación sin disponer de dichas garantías.

Lo cierto es que Mas se encuentra en un callejón sin salida y hoy estaba previsto que volviera a reunirse con los partidos que defienden la consulta para intentar de nuevo una estrategia conjunta. Sin embargo, tras conocerse el nuevo encuentro, el Gobierno catalán lo ha dejado en suspenso, ya que Mas quería discreción. La anterior cumbre, celebrada el pasado viernes, concluyó sin acuerdo. Entre los asuntos a debatir ahora destacan la propuesta de ERC de entrar en el Gobierno catalán para blindar la consulta, que ya ha sido rechazada por CiU; un posible adelanto electoral ante el inminente fracaso del proyecto estrella de Mas; el desafío al TC que propugna la propia Esquerra y CUP, y la posibilidad de que el 9-N se celebre una consulta no oficial cuyos praparativos corran a cargo de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El Gobierno autonómico niega que trabaje en un referendo alternativo, hipótesis que PP y Ciudadanos calificaron de «pachanga».

Pero lo cierto es que el proceso soberanista de Artur Mas se apoya cada vez más en las plataformas independentistas como la ANC y Òmnium Cultural. Ocurre cada 11 de septiembre, cuando hace un llamamiento a la movilización que se convierte en manifestaciones independentistas. Ahora, la campaña oficial del 9-N, suspendida por el TC, ha sido sustituida por la acción puerta a puerta que la ANC lleva a cabo desde el sábado. Ocho mil voluntarios de esta plataforma –cifra que se irá ampliando en los próximos días– realizan encuestas a domicilio donde se destacan las bondades de la separación de España con preguntas del tipo «Si Cataluña fuera un Estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más ¿Cómo piensa que se deberían gastar?».

Por su parte, 300 personalidades de la izquierda catalana, sindicalistas, activistas y afiliados de partidos políticos han lanzado un manifiesto en contra de la independencia y en el que hacen un llamamiento a «luchar unida por una Cataluña y una España diferentes». El manifiesto «Por la unidad del pueblo trabajador. Decidamos ¡No a la independencia!» cuenta con el apoyo del ex secretario general del PCE y exdirigente de IU Francisco Frutos, las escritoras Clara Usón y Lidia Falcón, y el actor y director de «Els Joglars», Ramon Fontserè, entre otros.