El Reino Unido acaba con el paraíso fiscal del juego online en Gibraltar

A finales de los años ochenta algunas de las grandes casas de juego del Reino Unido se mudaron a Gibraltar, al calor de lo que de facto es un paraíso fiscal enquistado en la panza de la Unión Europea, con tasas impositivas de solo el 1 por ciento. El propio Gobierno español colaboró en el desarrollo de la nueva industria en la etapa de Zapatero, que rompió la línea diplomática de consenso que habían venido manteniendo ejecutivos de todos los colores en relación al Peñón. En la declaración de Córdoba del 2006, Moratinos rubricó con Caruana un tratado que entre otras rendiciones facilitaba que Gibraltar duplicase sus 30.000 líneas de teléfono. Se daba así el absurdo de que un territorio con 29.000 vecinos y 6,5 kilómetros cuadrados de superficie pasaba a tener 60.000 conexiones telefónicas. Era obvio que estaban al servicio del telejuego.

Hoy, con internet, todo se ha sofisticado y expandido. El negocio es ingente, con un crecimiento mundial a un ritmo del 6 por ciento, y el Gobierno de Cameron ha decidido no transigir más en este capítulo con la anomalía fiscal de Gibaltar. Una nueva ley, la Gambling Act, que entrará en vigor el 1 de octubre, obligará a las compañías de juego digital que tienen clientes británicos y no están domiciliadas donde viven sus consumidores a tributar por el 15% de sus beneficios. Un cambio radical respecto al laxo 1% que rige en el feudo de Fabián Picardo.

Gibraltar ha hecho intenso lobismo contra la reforma. Picardo ha llevado el tema en cartera en su última visita a Londres y la asociación gibraltareña que agrupa al sector del juego ha anunciado acciones legales contra la nueva norma de su metrópoli. La Gibraltar Betting & Gambling Association ha agotado los epítetos: habla de una injerencia «ilegal, ilegítima, desproporcionada y discriminatoria». Incluso invoca las leyes europeas, en concreto la libre circulación de servicios que recoge el artículo 56 del tratado de la Unión. La polémica ofrece un paisaje inédito. El Gobierno de Londres se irrita con los desmanes de su colonia y Gibraltar , que se distingue por su manga ancha con las leyes, se erige ahora en paladín de la legalidad europea para poder seguir lucrándose con el juego en línea, uno de los pilares de su economía juntó con el blanqueo de dinero, el contrabando y el trasiego petrolero en su bahía, el buquering. La Hacienda británica espera recaudar con la reforma 360 millones de euros.

Por su parte las compañías callan y trabajan para adaptarse al nuevo marco recurriendo a medidas de ahorro, como el cierre de algunas de su casinos físicos. Gibraltar alega que subirán los precios de las apuestas y aumentará el mercado negro. Para comprender la magnitud del negocio basta recordar que Bet 365, una de las compañías del juego digital, declaró el año pasado 180 millones de libras de beneficio operativo.

Las medidas contra la ligereza fiscal de Gibraltar enlazan con el malestar de las autoridades británicas por las prácticas legales de evasión que practican muchas multinacionales de la nueva economía virtual, ya más real que la física. Google, por ejemplo, tributa en Irlanda lo que ingresa en el Reino Unido en concepto de publicidad .

En el verano del 2013, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, anunció en una entrevista en ABC una nueva política de firmeza ante los abusos de Gibaltar. Atendiendo las demandas españolas, el mes pasado la Unión Europea inició una investigación sobre el contrabando y tráfico de capitales en el Peñón. Ahora es el propio Reino Unido el que pone coto a una de las anomalías de su colonia. El anacronismo de Gibraltar, su ubicación en la alegalidad como medio de vida, está ya bajo la lupa. La Roca, que ocupa el puesto 243 del mundo en territorio y el 219 en población, es el número 20 en renta per capita.