Alaya incluye a los exconsejeros Zarrías y Moreno en la investigación elevada al Supremo

Hasta el momento, Alaya había «preimputado» a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo, pero la juez ha añadido ahora a los exresponsables del departamento de Presidencia Zarrías y Moreno.

Una vez recibida la exposición razonada, aunque no antes del 1 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo dará traslado del documento al fiscal para que informe sobre la competencia del tribunal y su contenido , como hace con todas las causas que llegan al Supremo de otros juzgados españoles. Una vez que el fiscal haya informado, la Sala se reunirá y deliberará si comparte los indicios de delito que ve la juez sobre alguno o todos los aforados, y decidirá si asume la parte de la causa de los aforados, varias partes de la misma o toda.

La jueza Alaya no ha remitido al Supremo los 300.000 folios de la causa, sino solo algunas partes en papel y en CD, aunque cabe la posibilidad de que en la exposición razonada atribuya al alto tribunal la investigación de la totalidad del caso, han apuntado las mismas fuentes.

En el caso de los ERE se investigan 401 ayudas y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados.

En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las «medidas necesarias» para evitar las «irregularidades», que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos «nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales».

El sumario de los ERE , que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.