Los empresarios desinflan el globo de la independencia que pasea Artur Mas

Lo hace junto al jefe de su secretaría, Jaime Alfonsín. Hay cierto nerviosismo por la descortesía que, horas antes, un industrial catalán, militante independentista en la órbita de Joan Laporta, le ha dedicado a Don Felipe, negándole el saludo. Pero el Príncipe escucha y escucha durante las dos horas de la cena. Lo que percibe es una inquietud general por la secesión. El Heredero, como todos saben allí, no se pronunciará. Él sí respeta la Constitución. Mientras, el principal impulsor del desafío a la Carta Magna, Artur Mas, prepara a pocos kilómetros de esa cena la sesión de control a su Gobierno en el Parlamento catalán. Faltan dos días para la comparecencia.

Erre que erre con el diálogo de sordos: «El pueblo catalán se acabará expresando en las urnas», anota en sus fichas. Sin embargo, no tiene un plan B. Rajoy le acaba de mandar, en su segundo debate de la nación, otro mensaje desde la Carrera de San Jerónimo: el referéndum no se puede celebrar, no es legal. Sabe que solo él tiene la facultad de convocar elecciones anticipadas, pero hacer uso de esa prerrogativa sería tanto como diluir un blíster de valium en su café de sobremesa. Una muerte política que liberaría una póliza cuyos principales beneficiarios son Oriol Junqueras y el radicalismo de ERC. A uno y a otra el argumentario independentista se les está descuadernando a paso de gigante.

La Generalitat recibe cartas a diario de adhesión a la locura soberanista, pero también pescozones severos de ciudadanos aterrados. Como aquella misiva en la que un señor de Badalona le suministraba un antídoto intelectual para su desafío: «Imagine, señor Mas, que Barcelona es la capital de un nuevo Estado europeo llamado Cataluña. Imagine que meses después de su constitución Tarragona, Gerona y Lérida se sienten maltratadas por el nuevo centralismo. Imagine que articulan un discurso eficaz donde los haya: Barcelona nos roba. Imagine que los agricultores de Gerona están indignados porque no reciben fondos para mantener su producción. Imagine que en Lérida también están incómodos: la Hacienda barcelonesa no les devuelve proporcionalmente todo lo que esa provincia contribuye. En Tarragona, su tejido industrial pide lo mismo. Quieren un referéndum contra la imposición de Barcelona. Imagine que en la Ciudad Condal las protestas crecen. Las comarcas barcelonesas se levantan contra la bota de la metrópoli. Y así hasta que las calles de Badalona quieran independizarse de su Ayuntamiento; y las manzanas de los barrios; y los barrios de los distritos; y...».

Y mientras se llega a ese paroxismo, el movimiento soberanista de este president que prepara su intervención parlamentaria se desinfla como la mentira de Évole en el share. Parece la mota de ciprés tanteando un cementerio, que nos descubriera Félix Grande. El último en mandarle a su tumba política es el empresariado catalán. Hasta ahora, declara un senador socialista, «los nacionalistas catalanes se apoyaban en el sector industrial no tanto por el dinero, sino porque era una manera de que el poder económico negociara sus privilegios en Madrid».

Sin embargo, añade, «ahora eso ha cambiado y más nacionalismo ya no significa más dinero, sino mayor incertidumbre». Una fuente conocedora de la trastienda que se vive en la Generalitat tiene claro que «lo único que le queda a Mas es apelar a la ideología y a la moral convocando el Consejo de la Transición Nacional, como hizo hace unas semanas, pero no las certezas con las que convencer a los que creyó aliados». Este es el relato del portazo diferido que el soberanismo catalán ha recibido en las últimas semanas de quienes presumía próximos, si no en el apoyo activo, sí en la complicidad pasiva. Razones más que sobradas para lo que algunos miembros de su entorno han calificado como «la creciente depresión de Mas».

La sinrazón del Gobierno catalán ha conseguido que las instituciones europeas hayan dejado meridianamente claro que una secesión implicaría que Cataluña quedase fuera de los tratados europeos. Tanto el presidente de la Comisión, Durao Barroso, como el vicepresidente y socialista español, Joaquín Almunia, han insistido en que «quien se sale de un Estado miembro, automáticamente queda al margen de la UE y empieza de cero». Por tanto, la premisa del discurso independentista cae como un castillo de naipes que a duras penas ha intentado sostener la comisaria Reding, cuya máxima concesión, no obstante, al secesionismo es avalar un debate «sin líneas rojas». Bien lejos, claro, de la interpretación interesada que la Generalitat ha hecho de las palabras de la dirigente luxemburguesa, muy tibia también cuando juzgó la pantomima de la verificación de los pistoleros de ETA.

Mas se miraba en el espejo escocés para su deriva excluyente. Pero hay diferencias insalvables entre su pretensión y la de los escoceses: la consulta que tendrá lugar allí en 2014 es legal y fruto del acuerdo del mandatario escocés, Alex Salmond, y el primer ministro británico, David Cameron. Ambos alcanzaron un pacto dejando claro qué es lo que se acordaba: la pregunta, sencilla y directa, de si Escocia quiere romper con el Reino Unido, lejos de la trapisonda catalana . Sin embargo, y a pesar de la legalidad del experimento británico, allí también los obstáculos económicos son más que evidentes para las pretensiones independentistas. Hasta el punto de que el Banco de Inglaterra, en un trasunto de lo que hará el Banco Central Europeo en el caso de España, ha rechazado el plan escocés negándole la libra como moneda si finalmente triunfa el separatismo. Aviso para navegantes que Mas ha acusado, si bien no públicamente, ante el temor de perder los asideros internacionales que cree tener, tras la negativa de las cancillerías europeas a contestar a sus cartas «informativas».

Los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de la patronal catalana Fomento Nacional del Trabajo, Joaquim Gay de Montallà, han sido taxativos: «No a la deriva separatista» (ABC, 18-2-2014). Como era de esperar, los industriales españoles, y entre ellos los catalanes, no quieren ser partícipes de la ruina independentista. Por ello, ambas patronos reclaman «diálogo» al Gobierno y a la Generalitat para tratar de garantizar la estabilidad política, un factor clave para la creación de riqueza y empleo. En la cena que compartieron con el Príncipe de Asturias quedó más que asentado que el desconcierto juega en contra de la recuperación económica en Cataluña.

Hace medio año, la Generalitat presentó en un documento de cincuenta páginas las pretendidas «deslealtades» de España con Cataluña. El Ejecutivo nacionalista cifraba en 9.375,7 millones de euros el impacto de los incumplimientos de Rajoy. Sin embargo, las balanzas fiscales que prepara Montoro arrojan un resultado bien distinto: Cataluña está entre las ocho regiones que gozan de una financiación por habitante superior a la media nacional. De hecho, Fomento ha ejecutado obras en esa región por valor de 21.616 millones de euros entre 2000 y 2012, hasta un 40% más que en Madrid. La Comunidad que gobierna CiU es la primera autonomía con todas sus provincias conectadas por AVE .

El último ejemplo, el respaldo del Estado al reciente Congreso Mundial de Móviles, celebrado en Barcelona que ha generado unos ingresos extra de 356 millones de euros para la Ciudad Condal.

No solo nuestro entorno europeo y los agentes económicos se alejan de Mas. También las grandes consultoras económicas, como Eurasia Group, especialista en riesgos políticos en el mundo, ha dibujado un escenario negativo para Cataluña. De hecho, esta prestigiosa firma «descarta» que la declaración de independencia unilateral vaya a consumarse. Tanto es así que los autores de ese trabajo internacional estiman que ese escenario imposible de cumplir ayuda a las tesis del Gobierno de no ceder un milímetro a las pretensiones anticonstitucionales.

El pasado 20 de febrero, el pleno del Congreso aprobó con los votos del PP, PSOE y UPyD una moción de la formación que lidera Rosa Díez que rechazaba al plan soberanista en Cataluña e instaba al Gobierno a seguir utilizando los instrumentos de la Constitución para garantizar la legalidad. Si bien la falta de autoridad de Alfredo Pérez Rubalcaba para imponerse al siempre ambiguo PSC llevó a este partido a no respaldar una moción del PP en favor de la unidad de España, lo cierto es que ambos partidos siguen tendiendo puentes para conseguir una postura común que obligue a los nacionalistas a entrar en razón.

En este extremo, la figura del Rey es fundamental, haciendo uso de su papel institucional en defensa de la Constitución y del diálogo entre todas las formaciones.

Los más recientes sondeos arrojan un retroceso en el apoyo al separatismo, que no había dejado de crecer en los últimos dos años. Y lo hace coincidiendo con las advertencias cada vez más firmes de las autoridades europeas y del tejido empresarial catalán de que una eventual secesión conduciría a Cataluña fuera de la Unión Europea y a una situación económica y monetaria insostenible.

Además, la demoscopia establece que dos de cada tres catalanes siguen pensando que la independencia es algo con «muy pocas o nulas probabilidades de realizarse» y están a favor de una tercera vía. De hecho, solo los votantes declarados de Esquerra Republicana de Catalunya confían en que este proceso desemboque en la separación de esa región española. La falta de horizonte legal de la consulta, que sería vetada por el Tribunal Constitucional, ha llevado a la sociedad catalana a aplicar un mayor realismo, abonado por una política más proactiva del Gobierno de Rajoy. Pedagogía se llama.