Los delitos del caso Bárcenas se diluyen

En su último escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal del caso, Antonio Romeral, ofrece algo de luz sobre el recorrido judicial que, en este momento, puede tener esta causa. Lo hace al pronunciarse sobre la petición que una de las acusaciones populares hace al juez para que llame a declarar al presidente del PP, Mariano Rajoy . Aunque la petición afecta también al exvicepresdiente del Gobierno Rodrigo Rato y al exministro del Interior Jaime Mayor Oreja , Romeral basa sus argumentos en lo que tiene que ver con el presidente del Gobierno.

«Difícil acomodo penal»

Según su criterio, en este momento de la investigación no hay pruebas ni indicios de que se hayan cometido los delitos denunciados por el extesorero Luis Bárcenas . Según las propias palabras del fiscal, la «ausencia de unos hechos delictivos indiciariamente acreditados que sustenten la continuación de la instrucción». En este contexto, Romeral se opone a la citación de Rajoy por su «difícil acomodo en el proceso penal» , al menos en este momento de la investigación.

En el futuro, habrá que ver si los informes periciales que están pendientes ofrecen nuevos indicios sobre los que apoyar la investigación. Se trata de informes que el juez ha reclamado a la Intervención del Estado, a los expertos policiales de la UDEF y a los técnicos caligráficos. Mientras tanto, las pruebas y los indicios brillan por su «ausencia».

Lo que el fiscal si detecta, en cambio, en la petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) es un interés más cercano a fines políticos que jurídicos. «Las diligencias solicitadas», explica Romeral, «se revelan como diligencias de conveniencia, orientadas más a un interés extraprocesal que al que debe presidir todo procedimiento penal de averiguación del delito y sus partícipes». Otra prueba de los intereses espurios de la acusación está en uno de los argumentos utilizados: el juez debe citar al presidente del Gobierno para que ofrezca ante el Poder Judicial «las explicaciones que ante otro poder del Estado se ha negado a ofrecer». El fiscal considera con esta explicación ADADE «incurre en un palmario y grave error» sobre la función del derecho penal.

Además, explica que para pedir la citación de Rajoy, la acusación se basa en la declaración de Bárcenas, quien afirmó la existencia de una contabilidad B en el partido como de dos pagos al presidente del PP y a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal . En concreto, según el extesorero, un pago a cada uno de 20.000 euros en el verano de 2009 y otro de 25.000 en marzo de 2010. Para el fiscal, después de que Cospedal declarara como testigo en agosto, «ahora sí tenemos una declaración de contraste», ya que «negó tajantemente los pagos anotados que a ella se refieren, como de estos dos últimos cuya entrega compartió» con Rajoy.

En conclusión, Romeral considera que hay que esperar a que se practiquen pruebas periciales sobre los documentos de Bárcenas, puesto que «se manifiestan algunas divergencias entre las anotaciones y saldos», como los que abarcan de junio a diciembre de 2008.

Cautela y periciales

En definitiva, para el fiscal Romeral, el estado actual de la investigación exige «cautela», sobre todo con aquellas diligencias que «pueden despertar interés político y social». Por eso, el Ministerio Público se remite a los informes periciales que ya han sido encargados por el juez y que serán los que definan el futuro El juez Ruz es el que debe tomar la decisión de citar o no al presidente del Gobiernopenal del caso.

Con la posición de la Fiscalía sobre la mesa, ahora es el juez Ruz el que debe tomar la decisión de citar o no al presidente del Gobierno. Esta puede ser una buena prueba para medir la viabilidad jurídica, el futuro penal, que el magistrado ve en el caso Bárcenas, una pieza separada de la investigación principal que la Audiencia Nacional está siguiendo sobre la trama Gürtel.