Torres-Dulce denuncia que la prevaricación administrativa aumentó un 23,85% en 2012

Según los datos ofrecidos por Torres-Dulce, en 2012 el fraude cometido por autoridad pública o funcionario público ha aumentado un 120,79% , en tanto que han descendido las calificaciones por malversación de caudales públicos en un 31,23%, por tráfico de influencias en un 22,37% y por malversación de caudales públicos en un 31,23%.

El fiscal general ha constatado igualmente una «creciente» concienciación ciudadana respecto a este problema, «lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social».

También ha destacado que junto a la corrupción pública está la corrupción privada , «cuyos sujetos activos son los directivos y administradores de sociedades que se prevalecen de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan».

Además, ha dedicado parte de su discurso a las participaciones preferentes , cuyos casos son «variados y sumamente complejos» y que ha resumido en dos: los que emplearon artificios contables encaminados a «camuflar la deficiente solvencia de la entidad»; y los que colocaron estas participaciones a grupos «manifiestamente inidóneos, especialmente personas discapacitadas, desvalidas o imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio».

Por todo ello, Torres-Dulce solicitó el aumento de la eficiencia de los órganos de inspección y control de las administraciones , corporaciones y mercados.

En su discurso, Torres-Dulce también ha dedicado unas palabras al terrorismo, pues en 2012 de ha confirmado su tendencia «menguante», como consecuencia de las causas relacionadas con ETA , la estabilización del terrorismo yihadista y el incremento de las relativas al independentismo gallego y al anarquismo.

Finalmente, en relación con el borrador del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, ha resaltado la existencia de una «grave incongruencia»: atribuir la dirección de la investigación criminal al fiscal y negarle al mismo tiempo la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término. «Particularmente grave es el recelo que se muestra a la figura del fiscal, pues le somete a un constante escrutinio de su actividad investigadora», ha concluido.