Anticorrupción encuentra en la sede del PSC «pruebas objetivas» del espionaje
Esteve Terradas, este viernes en la sede del PSC - inés baucells
método 3

Anticorrupción encuentra en la sede del PSC «pruebas objetivas» del espionaje

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La trama de espionaje político en Cataluña comienza a mostrar su verdadero perfil. La Justicia ve indicios de que fue el PSC quien ordenó la grabación del restaurante La Camarga, y por elló ordenó ayer la imputación de Lluïsa Bruguer, gerente del partido. A primera hora de la mañana dos agentes de la Policía Nacional y la secretaria judicial se personaban en la sede de los socialistas catalanes en Barcelona, comunicando a la gerente su imputación y requisándole el ordenador de trabajo. Allí permanecieron 45 minutos. Como reconoció posteriormente el mismo partido, la juez busca indicios o pruebas que demuestren que fue el partido quien ordenó a Método 3 la grabación del encuentro entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y Maria Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrussola.

Las fuentes consultadas por ABC afirman que la actuación judicial en la sede del PSC «ha dado unos resultados muy buenos. Se han encontrado pruebas objetivas de que en 2010, en la época del tripartito, se contrató desde allí a la agencia Método 3 para actividades de espionaje y se han intervenido documentos, correos electrónicos y facturas muy interesantes para la investigación».

Contabilidad del PSC

Con la actuación de ayer, los fiscales Anticorrupción de Cataluña Fernando Bermejo y Jesús Sánchez Ulled tienen a su disposición toda la contabilidad del PSC, que ahora puede ser analizada al detalle para comprobar cuántos trabajos de ese tipo contrataron los socialistas catalanes y qué personas concretas lo hicieron. De ese análisis podrían derivarse nuevas imputaciones, de hecho, las fuentes consultadas insisten en que «lo más probable es que en poco tiempo la instrucción del caso pasará a manos del Supremo, ya que cada vez hay más indicios de la implicación de un diputado catalán en el Congreso que hasta hace no mucho ocupaba un importante cargo tanto en el Grupo Socialista de la Cámara Baja como en el propio PSC», en alusión a José Zaragoza.

Siempre según los medios consultados, las actividades de espionaje eran «habituales» y, al menos hasta el momento, todos las pruebas conducen hasta el PSC. No obstante, «puede haber más partidos implicados, pero solo se sabrá cuando avance la investigación». Además, cuando se analice la abundante documentación ahora intervenida se podrían «abrir nuevas líneas de trabajo».

La imputación de la gerente del PSC, y la percepción de que el exsecretario de Organización, José Zaragoza, puede acabar teniendo que dar explicaciones ante la Justicia, es el último episodio de una trama en la que prácticamente todos los partidos catalanes se han visto envueltos. Con la agencia de detectives Método 3 en el epicentro de todos los movimientos, la trama ya le costó el cargo a Xavier Martorell, ex responsable de prisiones de la Generalitat, y a quien se atribuyen numerosos encargos de investigaciones internas dentro de CDC.

En el caso del PSC, las sospechas sobre la implicación del partido crecieron cuando se hallaron en los registros en la sede de Método 3 carpetas con el nombre de la formación anotado en ellas. Las sospechas recayeron sobre José Zaragoza, a quien se llegó a relacionar directamente con el encargo de la grabación en La Camarga. La querella que anunció contra el medio que apuntó esa posibilidad no se llegó a presentar.

En cualquier caso, la sensación ayer en el partido era de conmoción. Pese al registro policial y las informaciones que van conociéndose, su actual secretario de Organización, Esteve Terradas, insistía en que el partido no tiene ninguna vinculación con el caso, y que la única relación con Método 3 consitió en el encargo de tareas de seguridad en los edificios del partido.

«Convencidos»

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, reiteraba en esta línea que el partido no tiene ninguna relación con el caso: «Estamos absolutamente convencidos de que no hay culpabilidad». En la misma dirección se pronunciaba el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por contra, la reacción por parte del PP catalán fue durísima tras conocerse la imputación de la gerente socialista. El secretario de Acción Política del PPC, Enric Millo, apremió a Pere Navarro a dar explicaciones inmediatas. En una rueda de prensa convocada de urgencia, Millo consideró que el hecho de que la juez haya imputado a la gerente del PSC «determina la participación directa del PSC en la trama de espionaje». El dirigente popular subrayó en este sentido que no puede creer «de ninguna forma que la gerente del PSC haya actuado por su cuenta», apuntando a que hay más responsables: «Navarro debe dar explicaciones públicas urgentemente. El responsable máximo del PSC no puede esconder la cabeza bajo el ala ni quedarse tan ancho diciendo que no sabe de qué va la película».

En la misma línea se pronunció el secretario de organización de CDC, Josep Rull, que pidió al líder de los socialistas catalanes que comparezca en el Parlament para dar explicaciones por el caso. Según Rull, «nos encontramos ante unos hechos que requieren de una respuesta inmediata por parte del máximo responsable del PSC». «Que la Policía entre en la sede del PSC e impute a un alto cargo, bajo la sospecha de que ha habido un caso de espionaje, lo que requiere es que se den explicaciones», dijo.

Sea como fuere, la percepción en Barcelona es que la trama de espionaje puede guardar todavía algunas sorpresas. En este sentido, cunde la idea de que la grabación a Sánchez-Camacho fue tan solo una más en un amplísimo catálogo de escuchas con las que los distintos partidos se espiaban unos a otros y de manera interna.

Durante unos años, la circulación y venta de dosieres con información comprometida fue moneda corriente en Cataluña hasta el estallido del escándalo.