Gallardón eleva de 13 a 15 años la edad mínima de consentimiento sexual

Estas son las dos principales modificaciones hechas por Justicia al texto remitido al Consejo de Estado, que presenta varios cambios respecto del presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en octubre del pasado año . Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia, la supresión de la custodia de seguridad se ha realizado tras escuchar los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que eran contrarios a la introducción de esta novedosa figura penal.

La custodia de seguridad es una medida privativa de libertad para casos excepcionales, que se hubiera aplicado una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal hubiera valorado la peligrosidad del penado, con una duración máxima de 10 años.

Esta medida habría estado destinada a los reincidentes en delitos de especial gravedad -contra la vida, la integridad física, la libertad o indemnidad sexual, los cometidos con violencia o intimidación, contra la comunidad internacional, terrorismo o tráfico de drogas-.

En su informe sobre el anteproyecto, el CGPJ afirmó que esta técnica alarga la prisión mediante previsiones no constitucionales y señaló que al cumplir la custodia de seguridad en la cárcel se le impone al reo una prolongación de la prisión más allá de lo que su sentencia preveía, y ello en función de un «futurible».

Igual de crítico con esta figura fue el texto del Consejo Fiscal, que rechazó el carácter genérico y ambiguo de la norma a la hora de determinar la aplicación de la medida así como la «muy notable» ampliación del ámbito de la libertad vigilada.

Lo que sí mantiene Justicia es la figura de la prisión permanente revisable, aunque con algunos matices de carácter técnico.

Como pidió la ministra Mato

La segunda modificación importante es la elevación de la edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales con adultos, actualmente en los 13 años y que ahora sube a los 15 años, uno menos que la propuesta planteada el pasado mayo por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Justicia incorpora así al Código Penal una de las prioridades del Ministerio de Sanidad, que justificó su petición en base a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 2007 con el fin de evitar abusos de adultos a menores y luchar más eficazmente contra la pederastia.