Magdalena Álvarez, del «grupo de notables» del PSOE a la lista de implicados en los ERE

Doctora «cum laude» en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda en la Junta de Andalucía entre los años 1994 y 2004, durante el mandato de Manuel Chaves . Después fue ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero y fue elegida eurodiputada en 2009. Sin cumplir un año en Bruselas pasó al BIE.

Álvarez pertenece desde 1979 al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado. Inspectora jefe de la Delegación de Hacienda de Málaga (1987-1989), fue directora general de Incentivos Económicos Regionales (1989-1993) y directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del que está en excedencia.

En 1994 fue elegida diputada autonómica andaluza por Málaga y nombrada consejera de Economía y Hacienda . Chaves la confirmaría tras los comicios de marzo de 1996 y de marzo 2000. El pago de la deuda histórica a Andalucía, que consiguió, y la financiación autonómica centraron su mandato.

Frente a varias huelgas

Magdalena Álvarez fue miembro del «grupo de notables» que plasmó las ideas de Gobierno del PSOE antes de las elecciones generales de 2004, en las que encabezó la candidatura socialista al Congreso por Málaga. Tras el triunfo socialista fue nombrada ministra de Fomento en el primer gobierno de Rodríguez Zapatero. Como tal, paralizó proyectos del Plan de Infraestructuras 2000-2007 y anunció que el Estado asumía 5.459 millones de euros de la deuda de RENFE .

Entre sus actuaciones como ministra destacó la puesta en marcha del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 . Además, figura el convenio para construir la red ferroviaria del País Vasco o las nuevas líneas del AVE (Madrid-Toledo, Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga o Madrid-Valladolid).

Alvarez se enfrentó entre otras a la huelga de transportistas en 2005; al desplome de una plataforma en la Autovía del Mediterráneo en Granada, donde fallecieron seis trabajadores, en noviembre de 2005; al cierre de la aerolínea Air Madrid en 2006; al accidente del metro de Valencia, en julio de 2006, con 43 muertes o al accidente del avión MD-82 de la compañía Spanair, en Barajas, el 20 de agosto de 2008, que causó 154 muertos.

Los retrasos y los problemas en las obras para la llegada del AVE a Barcelona y en las cercanías de RENFE en Cataluña, supusieron su mayor desgaste político. Tras numerosos retrasos y doce años de obras el AVE llegó a Barcelona en febrero de 2008 .

«Un chiste»

El 16 de noviembre de 2007 el Parlamento catalán pidió su destitución como ministra de Fomento , que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto el socialista.

Sometida a reprobación en el Congreso de los Diputados el 27 de noviembre de 2007, la Cámara rechazó pedir su cese por 3 votos de diferencia. Sin embargo, el Senado reprobó su gestión como ministra de Fomento. Zapatero la confirmó como ministra en su segunda legislatura.

Respecto a su forma de hablar, en enero de 2009 la diputada autonómica del PP de Cataluña, Monserrat Negrera , aseguró que el acento andaluz de la ministra, «parece un chiste», lo que motivó que la dirección nacional del PP abriera un expediente disciplinario a la diputada. En enero y febrero, fue criticada con motivo de las grandes nevadas en España, que provocaron el colapso de carreteras, atrasos y cierres en algunos aeropuertos.

Apenas uno año después fue sustituida por José Blanco y, dos meses más tarde, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, fue elegida eurodiputada por el PSOE, como número tres de la lista socialista. Ya en Bruselas fue designada responsable del informe sobre la nueva directiva de cooperación administrativa en materia fiscal por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Después asumió la vicepresidencia del BEI.

Desde hoy es una imputada más en el «caso de los ERE». La juez Mercedes Alaya sospecha que la exministra fue quien dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo «absolutamente inadecuado». Las transferencias de financiación son «una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales», como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, subraya la juez.