La «cirugía sensata» que necesita la Administración Pública

Una vez tomada la decisión de entrar a quirófano, los objetivos que plantea el director de este «think thank», José María Román, son redimensionar la Administración, mejorarla tecnológicamente, dándole mecanismos para luchar contra la corrupción —que en la mayoría de los casos pasan por la transparencia— y en beneficio del administrado, el ciudadano.

En una entrevista en ABC , la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró que la gran reforma de la Administración es «complicada». Ella misma admitió que «han sido muchos años de una administración que ha ido creciendo y creciendo.. y empezar a hacerla decrecer requiere poner a mucha gente de acuerdo y no es algo fácil». Parece evidente que el primer paso para reformar la Administración es su reducción; lo que Funciva llama una «cirugía sensata, no un recorte».

El abogado y doctorando en derecho Constitucional David Delgado ha sido el encargado de elaborar la propuesta de racionalización de la Administración. Según explica, ésta se ha ido conformando como un gran muelle oscilante: en momentos de bonanza se elonga y en momentos de crisis se intenta encoger. Aunque la Administración General del Estado quedó vacía en apariencia porque transfirió mucho personal y recursos a las otras dos administraciones, la comunidades autónomas y los ayuntamientos incrementaron «de forma injustificada» su sector público a través de empresas públicas, sociedades, fundaciones y consorcios. O como muchos los llaman, «chiringuitos y centros de colocación». Se trata de 2.206 entes autonómicos, 3.493 regionales y 437 estatales.

El consejo de Política Fiscal y Financiera acordó en julio de 2010 reducir en un 20% el número de entes dependientes de la administración regional, pero sólo se llegó al 8%. «La cifra no es baladí, pero sí insuficiente», recalca Delgado, quien apunta a la existencia de posibles «intereses que retrasan el cumplimiento de estos objetivos». Lo mismo ocurre a nivel local y estatal, donde la reducción es nimia. Funciva considera necesario liquidar no menos de 1.500 entes en las tres administraciones: los ahorros económicos serían extraordinarios, y desde una perspectiva política, se ganaría «credibilidad social, ya que muchos de esos entes son percibidos por los ciudadanos como inútiles o como centros de colocación de afines de los partidos políticos y sus familiares».

Turno para el profesor agregado de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba. El economista se remonta treinta años atrás y habla de que las regiones gastaban la tercera parte de lo que gastan ahora. Desde que estalló la crisis, tanto en 2009 como en 2010 y 2012 los gastos corrientes de las regiones han seguido incluso aumentando —sólo se redujeron en un 3,92% en 2011—. Incluso 2012 superó al gasto del año anterior en 182 millones de euros. «Lo de la austeridad sorprende», señala Córdoba.

Funciva propone «dar ejemplo a la ciudadanía de que son capaces de restringir sus gastos corrientes» y la «realización de un presupuesto de base cero en todas las Administraciones». También habla de «negociar economías de escala con las grandes compañías de electricidad, luz, gas o agua»; esto es, si todas las administraciones de una provincia, por ejemplo, contratan con la misma compañía, podrán conseguir descuentos.

En 2007 se creó el Estatuto Básico del Empleo Público, «una propuesta estupenda, pero básica, como su propio nombre indica», señala Delgado. Cerrar jurídicamente el modelo de función pública vigente supondría hacer una planificación de Recursos Humanos que evitara que se produzca el «muelle» de tiempos de bonanza, que evite la falta de transparencia en contrataciones.

Delgado también apuesta por que los altos directivos estén bien pagados: «Lo necesitan, para que no se vayan al sector privado después de haber sido formados en el sector público».

Un buen ejemplo es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La velocidad con la que el usuario recibe el borrador de la Renta y lo confirma, gracias a la informatización de la información, demuestra que una administración electrónica es más rápida y eficiente.

Delgado habla de «perder dinero antes que tiempo», y de nuevo vuelve a la Ley de Transparencia y a cómo debe impulsar esta administración electrónica para permitir el acceso a la información pública de forma sencilla y sin obstáculos burocráticos.

Es la Letrada de la Seguridad Social, Rocío Dívar, quien presenta esta propuesta de reforma. Si bien la Constitución recoge que es el Presidente del Gobierno el encargado de decidir la estructura del Ejecutivo, ello ha llevado a que en los últimos años los cambios producidos por los distintos presidente s —en muchas ocasiones por mero «capricho»— supongan fuertes costes.

Sirva de ejemplo el cambio de nombre del los Ministerios que el Gobierno acometió tras ganar las elecciones, lo que supuso un gasto de unos 50.000 euros, tal y como señaló el Ejecutivo en una respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista José Blanco en el Congreso.

Dívar insiste además en los «asesores» o personal de confianza, que son elegidos por cada miembro del Gobierno y que en muchos casos, o no son necesarios, o desempeñan labores que podría llevar a cabo un funcionario. La letrada recuerda que sólo pueden designarse para «acciones de confianza»; es decir, si la labor que van a desempeñar no requiere de confianza, este tipo de personal no tiene por qué serlo.

Dívar defiende que la legislación vigente ofrece soluciones al eterno problema de que las administraciones contratan siempre con las mismas empresas, generando «cautividad» —en palabras del propio Tribunal de Cuentas— pero no se está aplicando de forma correcta.

La transparencia, de nuevo, es el mejor antídoto: «Que se publiquen datos concretos de cada contrato para eliminar la corrupción, que los órganos que contraten justifiquen el procedimiento elegido». Y dotar al Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizador, de los medios necesarios para que efectivamente fiscalice de forma más rápida y con carácter sancionador.

Crear una empresa supone no más de tres horas en EE.UU. En España, alrededor de 40 días. Es la idea que defiende Delgado, quien además señala que no hay grandes diferencias en cuanto a seguridad jurídica entre uno y otro país.

Por ello, apuesta por unificar trámites administrativos, que los ciudadanos no tengan que aportar a la adminstración documentos que ya posee, o mejorar la colaboración entre las distintas administraciones.

Llegados a este punto, que en los últimos treinta años el tejido burocrático-administrativo ha crecido y crecido hasta crear un gigante que fomenta las duplicidades e ineficiencias parece constatado. El Estado ha ido transfiriendo «innumerables» competencias tanto a regiones como a ayuntamientos desde la transición y, sin embargo, la plantilla de empleados públicos prácticamente no se ha reducido. En las regiones ha pasado de cero a miles, y en la Adminsitración central se ha mantenido. «En los Presupuestos Generales del Estado de 2013 incluso crece ligeramente el gasto en empleados públicos, lo cual es sorprendente», señala Córdoba.

El desarrollo informático también ha supuesto una simplificación administrativa y, sin embargo, el número de empleados públicos se ha multiplicado por 2,27. Destaca Funciva que muchas de las funciones que realizan los casi 1,8 millones de empleados públicos de las regiones han sido «inventadas» por el aparato de los partidos políticos para dar trabajo a personas «afines», puesto que estas funciones no existían hace 30 años.

Funciva propone transferir empleados públicos entre las tres administraciones. Si un funcionario se queda sin función en una región, que pueda ser trasladado en comisión de servicio a un Ayuntamiento.

Uno de los puntos más polémicos es el 15% de emplados públicos que no son funcionarios, es decir, son contratados y no tienen un puesto vitalicio. Córdoba defiende que es preferible que estos empleados «estén en el sector privado que desempeñando una actividad en la administración que no sea productiva». Pero ello supondría el despido de todos ellos, reasignando sus funciones a los que tienen puesto vitalicio. «No es razonable pagar por lo que no necesitas», señala Córdoba.

El director de Funciva matiza: «Cuando toda necesidad se convierte en derecho, se produce una crisis. Por ello hay que poner racionalidad: pensar dónde sobra y dónde falta».