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Nuevo código ético para la Policía: no infligir tortura, no beber ni drogarse

Cosidó impulsa un texto donde se pide a los agentes actuar «con independencia» del poder político y rechazar la corrupción

Nuevo código ético para la Policía: no infligir tortura, no beber ni drogarse ABC

C. Morcillo

«La Policía debe actuar con la suficiente independencia respecto del poder político conforme a criterios profesionales y no de mera oportunidad política». La declaración de principios está recogida en el código ético que estrenará el Cuerpo próximamente y que hoy presentará el director general del CNP en el Consejo de Policía.

No se trata de de una norma ni sustituye al régimen disciplinario que rige la actuación policial por lo que su incumplimiento no acarreará sanciones. Es un tratado deontológico que, eso sí, se refiere a aspectos muy concretos del trabajo policial. En el documento se pide, por ejemplo, que los agentes traten a los ciudadanos en sus actuaciones con «empatía, imparcialidad, autocontrol y elegancia», unos términos que no son habituales en los regímenes disciplinarios.

El código, impulsado por Cosidó y que consta de 26 artículos, insta a los funcionarios a actuar con independencia del poder político al tiempo que se les informa de que no habrá sanciones para quienes desobedezcan órdenes de sus superiores que sean ilegales. «Cada policía debe ser personalmente responsable de sus actos, de sus omisiones y, en su caso, de las órdenes dadas a sus subordinados. No incurrirá en responsabilidad el policía que incumpla una orden cuyo contenido sea ilegal».

Respecto a posible corrupción propia o ajena, señala que los policías deben ser apoyados por sus superiores y sus compañeros cuando den cuenta de cualquier acto de corrupción o violación de los principios éticos profesionales. «Incurrirán en este tipo de actos tanto los que los realicen como los que los toleren, o los que conociéndolos no actúen para impedirlos o no los denuncien».

El texto aborda quién debe iniciar una investigación, algo que ha suscitado importantes debates sobre todo en asuntos de corrupción. El código recuerda que se pueden realizar por el mandato y decisión de la autoridad judicial, por denuncia ciudadana, pero también «por propia iniciativa policial ante la existencia de sospechas razonables de que una infracción se ha cometido, se va a cometer, o en prevención de la misma, actuando siempre según lo previsto por la ley». Se pide a los agentes que sean objetivos e imparciales en las pesquisas.

En cuanto a su actuación habitual y su relación con los ciudadanos, además del uso de la fuerza se recuerdan comportamientos prohibidos. «Los policías se abstendrán de cualquier ingesta de alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes, farmacéuticas o psicotrópicas que alteren el control de su personalidad o impliquen una reacción inapropiada para el desarrollo del servicio», dice el texto en el que también se incluye el rechazo a la tortura entendida como «cualquier acto violento, físico o psíquico, realizado contra una persona que se encuentre bajo custodia policial con la finalidad de obtener una información».

Identificaciones

Los policías tienen que identificarse en todas sus intervenciones, de conformidad con los principios de transparencia y legalidad, según esta norma deontológica y aun más: «el uso de la fuerza, se recuerda, es una medida coactiva a la que sólo se puede recurrir en caso de absoluta necesidad y únicamente en la medida en que se requiera para conseguir un objetivo legítimo».

El SUP ya ha mostrado su rechazo a este documento antes de que se presente y aboga por una refundición de disposiciones con rango legal. «Si se quiere un código ético de verdad y no una simple percha para obtener publicidad, además de darle un rango normativo suficiente habría que empezar por impedir las amenazas a los policías forzándoles a llevar a cabo millones de identificaciones anuales, que vulneran los derechos civiles de los ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías (de la escala básica la mayoría), y habría que dejar de cesar a mandos policiales por investigaciones sobre casos de corrupción que pudieran afectar a responsables políticos del partido que gobierna. Y al hablar de identificados nos referimos no solo a los que son trasladados a comisaría (que es el dato facilitado por el Gobierno) por no llevar la documentación sino a todos los demás que son identificados y no trasladados», concluye un comunicado difundido ayer por el sindicato mayoritario de la Policía.

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