Imputado rima con diputado

Son veinticuatro, según el recuento de este periódico. Nueve en la Comunidad Valenciana, cuatro Cataluña, dos en Baleares y uno en Murcia. ¿Qué tendrá el Levante español? Son dos los diputados imputados en las Islas Baleares, decíamos, y dos en las Islas Canarias. Dos en Asturias y uno en La Rioja, Galicia, Andalucía y Madrid. Veinticuatro. Catorce del PP, tres de CiU, tres del PSOE, tres de IU y uno del Partido Riojano.

Un imputado no es lo mismo que un acusado. Un imputado es aquel de quien el juez sospecha que tiene relación con la comisión de un delito o cuyo nombre figura en la admisión a trámite de una querella. Un acusado se sienta ante el juez como presunto autor de un delito.

Esta diferencia es lo que lleva a algunos políticos a pensar que dimitir cuando les imputan es «desmesurado». Lo dijo Oriol Pujol, hijo del poderoso Jordi Pujol y «temporalmente» exsecretario Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Delegó sus funciones para «no entorpecer» el proceso soberanista, no porque reconozca su implicación en el caso de las ITV irregulares. Dimitir «incorporaría una dosis de culpabilidad que no se corresponde con la realidad».

Joana Lluisa Mascaró era diputada en el Parlamento balear por el Partido de Mascaró (PAM) hasta este miércoles, día en el que renunció a su escaño. Fue imputada en el «caso Senderismo», en el que se investiga una supuesta malversación de fondos del departamento del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, cuando ella lo dirigía. Sus razones para dimitir: «Para facilitar la acción de la justicia, por coherencia y para desvincular la actividad política de cualquier sospecha».

Cuestión de matices

Oriol Pujol no hizo más que lo que está acostumbrado a ver en el Parlamento de Cataluña. De los 135 diputados catalanes cuatro están imputados . Un Parlamento que se constituyó hace tres meses. Ferrán Falcó, compañero de partido de Pujol, fue encausado en 2010 por un caso de corrupción. Igual que Xavier Crespo (CiU). Presuntamente, se cobró en dinero y favores sus servicios a un capo de la mafia rusa. El mismo que dijo ante el juez que estaba «harto de los corruptos de este país» . Daniel Fernández, del PSC, está inculpado por la operación Mercurio.

En Baleares, el legado de Unión Mallorquina, formación desaparecida por los innumerables casos de corrupción, son dos diputados imputados. A Pere Rotger (PP) le vincula el juez con el desvío de dinero público a una empresa de publicidad. El pasado mes dimitió como presidente de la Cámara, pero sigue sentado en su escaño. Xico Tarrés (PSOE) está relacionado con el presunto cobro de comisiones irregulares por la concesión de un proyecto urbanístico.

Corrupción y más corrupción. De eso saben en la Comunidad Valenciana. El PP, si renunciaran sus nueve parlamentarios encausados, perdería la mayoría absoluta. Si todos ellos se uniera, formarían un grupo propio. Por el «caso Gürtel» están imputados Ricardo Costa, Yolanda García, David Sierra, Milagrosa Martínez, Angélica Such y Vicente Rambla. Por el «caso Brugal», que investiga la concesión de contratas de basuras en Alicante, están imputados Sonia Castedo (actual alcaldesa) y el exalcalde Luis Díaz Alperi. Rafael Blasco, antiguo hombre fuerte del PP valenciano, debe responder por un presunto desvío de ayudas al Tercer Mundo a una trama corrupta.

En el Parlamento valenciano se sienta Francisco Camps, expresidente de la comunidad, cuya absolución en el caso de los trajes va a revisar el Tribunal Supremo. El exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, renunció en diciembre a su escaño tras ser condenado a tres años de prisión. Su hija le sustituyó.

Murcia cierra el «pleno al 16» del Levante. Pedro Antonio Sánchez (PP) está imputado por un presunto caso de corrupción en torno al Plan General de Ordenación Urbana. La querella que dio origen a esta imputación se presentó hace más de seis años. Dice que «se limitó a continuar el trabajo realizado por el equipo municipal anterior» en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

En el norte también llueven imputaciones. María Faraldo, exalcaldesa de Betanzos, está relacionada con una presunta irregularidad administrativa. Será por eso que no dimite, pues en la pasada legislatura gallega quienes fueron imputados sí renunciaron a sus cargos. Otra cosa es lo que ocurre en los ayuntamientos: hasta treinta personas han sido imputadas en la «operación Pokémon», entre ellas los alcaldes de Lugo o Santiago. No ha habido treinta dimisiones.

Asturias: dos imputados. Ángel González (IU) y Francisco González (PSOE). La Rioja: un imputado. Rubén Gil Trillado (PR). País Vasco: cero imputados pero sí investigados. La Audiencia Nacional sigue la pista de Onintza Enbeita, de Amaiur, por su participación en un acto de enaltecimiento de ETA , según confirmó el ministro del Interior. Iñaki Goioaga, que se estrenó en febrero en el Parlamento vasco, fue absuelto de colaborar en la huida de un preso etarra. Pero recientemente la Fiscalía pidió su imputación por un delito de integración en organización terrorista.

Tampoco hay imputados en el Parlamento de Navarra, donde se investiga el cobro de dietas de la CAN. Ni en Castilla-La Mancha. En Canarias son dos: Jorge Rodríguez por el «caso Europa» y Felipe Alfonso. Y en Andalucía el caso de los ERE no ha implicado a ningún parlamentario. Antonio Fernández y Ramón Díaz renunciaron a sus escaños antes de sus imputaciones. Los presuntos delitos que cometieron, no obstante, corresponden a su etapa en el Parlamento andaluz.

Quien sí está imputado, y a mucha honra, es el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo. Recientemente, el juez lo encausó por ocupar una finca militar el pasado verano. El líder de IU en Andalucía, Diego Valderas, defendió que las acciones de su «amigo» Gordillo, que este verano se pasó por las televisiones reivindicando su lucha contra el capital, siempre han sido «respetuosas» con la ley . «La prueba evidente es que nunca ha sido condenado más allá de una multa», dijo.

La única imputada en Madrid, Libertad Martínez (IU), está involucrada en un delito de revelación de secretos. A diferencia de la Comunidad Valenciana, «Gürtel» no ha dejado rastro en la Cámara madrileña. Los tres diputados populares relacionados con la trama fueron expulsados del grupo parlamentario, mantuvieron su escaño durante un tiempo y dimitieron poco antes de que se disolviese la Asamblea de Madrid.

No hay consenso político sobre cómo deben actuar los políticos cuando son imputados. Artur Mas, que trató de impulsar un pacto anticorrupción, afirma que «estar imputado no debe obligar a dimitir». Se quedaría con tres escaños menos si dijera lo contrario. En Galicia quien es sospechoso dimite.

En el ámbito nacional, IU y UPyD promueven sus propios manifiestos contra la corrupción mientras que PP y PSOE moderan su discurso según las circunstancias. Para la número dos de los socialistas, Elena Valenciano, «hay imputaciones e imputaciones». Y es que una cosa es «ser diputado y otra es estar en el Gobierno». Una cosa es llamarse José Blanco y militar en el PSOE y otra es llamarse Ana Mato y ser del partido rival.