Un caso que tuvo su origen en las comisiones de Mercasevilla

El director gerente del «merca», Fernando Mellet, abandonaba en febrero de 2009 la jefatura de esa compañía de manera sorprendente alegando «motivos personales» y siendo aplaudido por los responsables municipales (PSOE-IU) dada la impecable gestión de la sociedad, con llamativos e históricos beneficios tras años de pérdidas estructurales. Pero en el mes previo ya había encontrado Mellet algún motivo de peso para salir. Porque en aquel enero se produjeron las reuniones (de él y de su adjunto, Daniel Ponce) con los empresarios de La Raza en las que los responsables de la lonja pública -controlada por el Ayuntamiento- pidieron una comisión de 450.000 euros a cambio de concederles la escuela de hostelería que se iba a poner en marcha merced a una ayuda de la Junta (concretaente de la Consejería de Empleo) de 900.000 euros. «La Junta colabora con quien colabora», fue una de las sentencias espetadas a los empresarios que, como es sabido, fueron grabadas por éstos. La frase de la que luego ha brotado la planta completa.

Aquella extorsión tiene ya hoy incluso una condena para los dos directivos del mercado y para el entonces delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas (21 meses de inhabilitación y 600.00 euros de multa). Las grabaciones, adelantadas por ABC, fueron llevadas en el mismo febrero de 2009 por parte de los empresarios a un alto cargo de la Junta de Andalucía, administración que no tuvo más remedio -lo contrario era suicida- que trasladar las cintas a la Fiscalía de Sevilla. Que no es exactamente lo mismo que denunciar el tema en un juzgado.

Tras semanas en la mesa del Ministerio Público, el asunto reventó a raíz de la publicación en ese periódico de la investigación y luego del contenido de las conversaciones en sí. Los intentos de diluir la cuestión fracasaron. En abril, Juan Ignacio Zoido, entonces líder de la oposición en el Consistorio sevillano, interpuso una querella por presunto cohecho a causa de esta petición de comisiones ilegales que recayó en el Juzgado de Instrucción 6. Manuel Chaves y Gaspar Zarrías habían dejado esa Semana Santa la dirección de la Junta para irse a Madrid.

La juez Mercedes Alaya -que ya llevaba el «caso Lopera»- empezó entonces a tirar de ese hilo con tremenda habilidad e insistencia y de ese primer asunto partió luego el de la venta fraudulenta de los suelos del mercado mediante un concurso supuestamente amañado y, después, el presunto delito societario tras comprobarse el «maquillaje» de las cuentas y de la auditoría.

Casi un año después del arranque del caso, en primavera de 2010, el concejal popular Beltrán Pérez denunciaba en los tribunales ese delito societario en la lonja, con especial hincapié en los dos ERE ejecutados en Mercasevilla en sólo cuatro años y que, curiosamente, no sirvieron para rebajar el número de empleados. Mellet y Ponce lo exponían en sus conversaciones: ¿cómo se puede lograr que la Junta apruebe dos ERE seguidos en la misma empresa?

En esas indagaciones sobre los ERE de Merca aparecieron los primeros intrusos, y a raíz de ahí, Alaya extendió la causa a todos los ERE financiados por la Junta. Entonces, el PSOE tampoco tuvo otra que personarse como acusación particular, aunque la juez llegó incluso a dictar algún auto en el que criticaba la labor del letrado, que casi hacía más de abogado defensor. A partir de ahí, mecha encendida...