Sacyr inundará esta semana la primera esclusa en el Canal de Panamá

Tras la instalación de la última de las 16 compuertas en la zona del Pacífico, que llegó procedente de Italia el pasado abril, el grado de avance del proyecto roza el 90%. La ministra de Fomento, Ana Pastor, quien estuvo de visita la semana pasada, avanzó que previsiblemente esta infraestructura estará operativa en el primer trimestre de 2016, dos años después de lo previsto.

Además de por su enorme complejidad técnica, el proyecto, que permitirá duplicar la capacidad del Canal y el tránsito de buques de hasta 13.000 contenedores (frente a los de 5.000 que se pueden transportar en la actualidad), se ha encontrado con numerosos obstáculos derivados de los enfrentamientos entre el consorcio liderado por la compañía presidida por Manuel Manrique y la sociedad pública que gestiona las obras, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Después de varios años de desacuerdos por el coste del proyecto , el 1 de enero de 2014 el grupo de empresas advirtió que suspendería las obras en 21 días si el operador panameño no reconocía un sobrecoste de 1.200 millones por falta de liquidez. El consorcio llevó a cabo finalmente su amenaza un mes más tarde y paralizó totalmente durante casi 15 días la construcción.

Pese al avance de las obras y el restablecimiento de las relaciones entre GUPC y el Ejecutivo panameño, qu e cristalizó en la firma de un memorando de entendimiento en el que se trazaban las medidas para resolver los problemas de tesorería y sobrecostes y se fijaba diciembre de 2015 como fecha de conclusión del proyecto, aún subsisten ecos de unas desavenencias que a punto estuvieron de asfixiar una de las obras cumbre de la ingeniería española.

La semana pasada una jueza estadounidense, Kathleen Tafoya, desestimó la reclamación realizada por GUPC a la autoridad panameña para que aporte información sobre los trabajos efectuados por la ingeniera estadounidense CH2M Hill, que supuestamente aportaría pruebas sobre los costes adicionales que reclaman Sacyr y sus socias. Esta firma trabajó para la ACP en el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas.

Información omitida

El grupo de empresas sostiene que la Autoridad del Canal de Panamá omitió esta información, que probaría la existencia de estos sobrecostes por importe –según las reclamaciones de GUPC– de unos 2.400 millones de euros, ya que pondría de relieve que existían imprevistos no incluidos en el contrato que elevaron la factura final del proyecto y demoró su ejecución.

Desde la compañía insisten en que esta resolución no entra a valorar la veracidad y el reconocimiento de estos costes adicionales. Aborda sólo una cuestión de procedimiento: la jueza Tafoya explicó en el auto que la legislación permite conceder esta información "a los tribunales extranjeros o internacionales", mientras que el arbitraje privado no se ajusta a esta definición. Añade que ni siquiera le resultaría posible transferir la documentación en una instancia pública, puesto que la información está en manos de la filial CH2M Hill Panamá, por lo que correspondería al país hispanoamericano tomar esta decisión.