Claves para comprender cómo afecta la extinción de 1.682 convenios laborales
Cerca de 1,8 millones de trabajadores, según los sindicatos, o poco más de 700.000, según la patronal, podrían sufrir un deterioro de sus condiciones laborales
e.pastrana
El fin de la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de 1.682 convenios laborales, terminó ayer dejando a cerca de 1,8 millones de trabajadores españoles en la incertidumbre del vacío legal y con el riesgo de perder una parte importante de sus derechos ... laborales. Estas son las claves para entender la situación a la que se enfrentan.
¿Qué es el fin de la «ultraactividad»?
La «ultraactividad» es la renovación automática de un convenio laboral hasta que se logra negociar otro que lo sustituya. Gracias a la «ultraactividad», los convenios laborales se prorrogaban de forma automática y su vigencia era infinita. Pero la reforma laboral aprobada el año pasado puso un límite máximo de un año a estas normas estatutarias. Límite que acababa ayer, 8 de julio. En palabras del abogado Antonio V. Sempere Navarro, de Abogados Pómez Acebo, «los convenios colectivos tienen una duración determinada para evitar la «petrificación» de las condiciones de trabajo». Sin embargo, «el miedo al vacío regulatorio justificó que desde 1980 el legislador instituyese una prórroga indefinida de las cláusulas normativas».
En la opinión de Yolanda Valdeolivas, catedrática de derecho laboral de la Universidad Autónoma de Madrid, este panorama solo «pretende forzar la negociación colectiva, pero es evidente que los empresarios no van a querer negociar si es para obtener mejoras de los trabajadores», porque «les basta con dejar correr el tiempo para que pierda aplicación el convenio».
¿A quién afecta?
Loterías y Apuestas del Estado, ICO, Cruz Roja, Freixenet, etc..., son algunos de los convenios colectivos afectados por el fin de la prórroga de los convenios. Sindicatos y patronal consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores, la mayoría de ellos pertenecientes al sector privado. Áreas como los curtidos, la elaboración de productos precocinados, las consultoras o incluso las aguas se verán afectadas. Lo mismo ocurre en el sector público, donde 371 convenios (148.076 trabajadores), en su mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades públicas caerán en el vacío regulatorio.
El caso de astilleros y paradores
Entre estos trabajadores se encontraban hasta ayer los de paradores, que finalmente lograron adaptar el contenido de su convenio a lo acordado el pasado 2 de enero en la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE). O el de los astilleros. que se concentraron durante cuatro horas ayer en el astillero de Gondán en Asturias, en Astander (Cantabria) y en Euskadi para reclamar la supervivencia del convenio provincial, indica CCOO en un comunicado.
¿Ha previsto algo el Gobierno?
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez aseguró ayer que confiaba en la «responsabilidad» de los sindicatos y los empresarios para cerrar los convenios colectivos que no han sido renovados. «Dejemos a las partes que ejerzan la responsabilidad constitucional que tienen, que es negociar y pactar las condiciones de trabajo en los convenios colectivos", ha insistido la ministra.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que «de ninguna manera» teme una oleada de conflictividad a partir de esta fecha y ha asegurado que en las últimas semanas se están negociando «muchísimos convenios». Según los datos que maneja la patronal alrededor del 68% de los convenios firmados tras la reforma laboral cuentan con algún tipo de prórroga de la vigencia de los derechos laborales más allá del año límite de la 'ultraactividad', lo que demuestra que la negociación colectiva sigue su curso y «no tiene ninguna problemática».
Para evitar un decaimiento masivo y un estallido de conflictividad, los agentes sociales firmaron el pasado mes de mayo a nivel confederal el «Acuerdo sobre "ultraactividad" de los convenios colectivos». Su pretensión era agotar las posibilidades de negociación para lograr nuevos convenios. Pero esto no dejaba de ser una una declaración de intenciones que no obligaba a en realidad a patronal y sindicatos y que no evitaba que la cosa terminara en bloqueo.
El responsable de Relaciones Laborales de CEOE, José de la Cavada, avisaba de que la patronal había negociado el acuerdo «porque hay que fijar un itinerario obligacional», pero reiteró que éste no dejaba de ser «un código de buenas prácticas en las mesas de negociación». La realidad es que la práctica, el acuerdo para la renovación no ha cristalizado en miles de convenios colectivos, lo que ha multiplicado las quejas de los sindicatos. CC.OO. y UGT han aemanzado con colapsar los juzgado de lo social si los empresarios «planean decaimiento de los convenios» a base de interponer demandas colectivas en todas las empresas afectadas.
¿Se producirá un recorte masivo de derechos?
¿Qué les espera ahora a los trabajadores que estaban amparados por estos convenios colectivos? La realidad es que la ley permite a los empresarios aprovechar el vacío legal para recortar derechos a su voluntad. Sin embargo, para ocupar este hueco quedan dos fuentes de regulación: en primer lugar el propio contrato del trabajador; en segundo lugar, los convenios mayores, encargados de regular de forma general sectores amplios de actividad, no desaparecen en esta reforma. Así lo recordaba ayer la ministra Báñez: «los trabajadores tienen una "oportunidad" de no quedarse «desprotegidos en ningún caso», porque cuentan con un convenio de ámbito superior». Yolanda Valeolivas explica que «los trabajadores no quedan desprotegidos, sino protegidos exclusivamente por los mínimos legales, que suelen ser objeto de mejora en los convenios». Respecto a esas condiciones mejoradas que establecen los convenios existen diferencias doctrinales: «Hay autores que defienden que, extinguido el convenio, desaparecen las condiciones en él incorporadas, otros creen que «se adhieren al contrato privado de cada trabajador», pero «no protegen a los nuevos trabajadores.
Algo parecido apunta Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, que considera que se ha producido el efecto que perseguía la reforma laboral» y que en el nuevo panorama habrá dos clases de trabajadores: los que reciban la protección «de un convenio de ámbito superior» y los que mantengan las condiciones esenciales pactadas.
¿Qué soluciones existen?
Se dibujan a partir de ahora dos escenarios posibles: que continúe el conflicto o que se logre un acuerdo. Yolanda Valdeolivas asegura que «la única solución es negociar, aun a la baja, porque la desaparición del colchón convencional podría someter a los trabajadores a los solos mínimos legales».
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