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Miguel Martín: «No se ha valorado que la cláusula suelo es beneficiosa para la sociedad»

Día 20/06/2013 - 18.37h
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El presidente de la patronal bancaria AEB recuerda que el propio sector financiero ha asumido casi la mitad de las pérdidas provocadas por el rescate de las cajas de ahorros

La banca española insiste en recordar que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo no las declara ilegales. Y defienden incluso que tienen su utilidad para evitar que la cuota hipotecaria se vea afectada por la volatilidad de los tipos de interés. "No se ha valorado, ni por parte del Tribunal ni por la sociedad, que es un mecanismo para evitar una vulnerabilidad indeseada de los tipos de interés", ha explicado este jueves el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín.

"Por tanto, es un producto claramento beneficioso para la sociedad, para el prestatario, para la estabilidad financiera y para todos", ha dicho durante su intervención en el seminario "Competitividad y Marca España" organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En este sentido, Martín ha explicado que ya al principio de la crisis el Senado encargó al Banco de España un informe sobre las cláusulas. El documento final del supervisor, publicado en 2010, defendía igualmente esa teoría. "Lo que dice el Supremo no es que la cláusula suelo sea mala, sino que su comercialización fue mala. No sé como un producto que es positivo se ha convertido en un producto tóxico", ha lamentado, recordando que el fallo del Alto Tribunal anuló sólo las cláusulas suelo que incluían BBVA, Novagalicia Banco y Cajamar en sus hipotecas en los casos en que no se informó adecuada y claramente de su existencia al cliente.

Ahora bien, esas tres entidades, una vez conocida la sentencia, han decidido suprimir ese concepto de todos sus préstamos hipotecarios, presionando al resto del sector financiero a dar un paso en la misma dirección. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que la sentencia, por tratarse de un fallo del Supremo que sienta jurisprudencia, podría ser extendible al resto de las entidades, a pesar del rechazo inicial de estas. Martín, por su parte, ha defendido la autonomía de cada banco para adoptar un u otra decisión, en función de cómo las comercializaron. Esto es, si la incluyeron o no con transparencia en las hipotecas.

El banquero, como suele ser habitual, ha hecho una defensa cerrada de las entidades financieras sanas o que no han requerido ayudas públicas. Martín ha detallado que el sector financiero española ha requerido hasta ahora 75.352 millones de euros en ayudas, procedentes tanto del Estado, vía Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y fondo de rescate europeo, como del propio sector, a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Más de 75.000 millones en ayudas

En este sentido, Martín ha recordado que si bien el Estado ha asumido ya durante el rescate de las cajas de ahorros pérdidas por 16.353 millones de euros, las entidades financieras han afrontado una factura muy similar, de 15.606 millones. "El 50% de las pérdidas de la banca las está asumiendo el propio sector a través del FGD", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que los clientes con participaciones preferentes se enfrentan a una pérdida ligeramente inferior, de 12.727 millones.

Nunca hasta hoy la patronal bancaria había admitido eso sí que hasta los bancos sanos, incluidos los más grandes, han requerido de apoyos públicos. Martín ha reconocido en esta ocasión que las subastas de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), a las que acudieron de forma masiva las entidades españolas, son también una suerte de ayuda pública. "Las ayudas públicas no tienen por que ser algo malo si se usan bien y cumplen su objetivo, en ese caso son buenas", ha matizado.

Con esto Martín ha insistido en que las ayudas públicas no han sido capaces de resolver el problema de las entidades nacionalizadas, esto es, Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc, que considera inviables. "El paso del tiempo no arregla el problema, solo aumenta las necesidades de capital, porque están mal diseñadas", ha explicado Martín, que no ha descartado que estas acaben necesitando más ayudas del fondo de rescate europeo de hasta 100.000 millones dispuesto por la Comisión Europea.

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