López se garantiza una jubilación de 50.000 euros vitalicios por tres años como lendakari

Cuando deje su cargo, dentro de unas semanas, se le abonará como toda indemnización un mes de sueldo, al igual que al resto de los altos cargos vascos. Pero lo que se habrá asegurado es un cómodo retiro . En el momento en que cumpla la edad legal de jubilación disfrutará de un privilegio al alcance de muy pocos: una pensión vitalicia equivalente a la mitad del salario del presidente del Gobierno vasco que esté ejerciendo. Hoy sería de algo más de 48.700 euros. Y todo por haber estado tres años al mando del Ejecutivo vasco.

El Ejecutivo que todavía dirige Patxi López aprobó el pasado mes de junio una modificación de la Ley de Gobierno de 1981 que retiraba las pensiones a todos los consejeros y viceconsejeros, pero que mantiene la de los exlendakaris con algunos cambios. La normativa conserva un régimen de incompatibilidades, según el cual, esa paga no podrá combinarse con ningún «otro ingreso» que se derive de la condición de exparlamentario o ex alto cargo público de cualquier Administración, de modo que el interesado deberá al final elegir entre ellas. También permanece la disposición que dice que si a lo largo de su vida el exlendakari consolidara cualquier otra pensión con cargo a la Seguridad Social, las arcas vascas le abonarán la diferencia hasta alcanzar esa cuantía igual a la mitad del sueldo del presidente autonómico que esté ejerciendo en ese momento.

De acuerdo con un decreto de 1999 que regula el estatuto del exlendakari, Patxi López mantendrá el título de lendakari y tratamiento de excelentísimo , como sus antecesores y, como ellos, tendrá derecho a disponer de coche de representación con chófer y una oficina de apoyo con una secretaria nombrada a su elección. Carlos Garaikoetxea la instaló en Pamplona y José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe, en Vitoria.

El País Vasco no es la única autonomía que tiene regulados privilegios y asignaciones para quienes estuvieron vinculados a sus gobiernos. Lo de facilitar recursos para que dispongan de una oficina protocolaria existe, además de en el País Vasco, en Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. En Cataluña, han hecho uso de ellas —y además abiertas en el lujoso barrio del Eixample barcelonés— Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla. Al contrario que en Andalucía o la Comunidad Valenciana, donde ninguno de los que han sido presidentes han reclamado este privilegio. En Castilla-La Mancha, José María Barreda renunció a este estatus, mientras que José Bono lo mantuvo hasta 2008. Quien hizo saltar el escándalo en 2007 fue el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, cuando se publicó que había gastado 1,6 millones de euros en adecuar su oficina.

Dentro del club de los expresidentes autonómicos, el de Extremadura figura entre los más ventajosos, con una asignación del 80 ciento del sueldo durante un tiempo proporcional al mandato y pensión del 60 por ciento.