La doble moral hacia Ruanda
La elección del país africano como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desata la polémica por su presunta implicación en la actual revuelta del Congo
James Kabarebe es un personaje peculiar . No en vano, pocas personas pueden afirmar con orgullo ser ministros de Defensa de un país (Ruanda) tras haber desempeñado previamente el liderazgo de la estructura marcial de otro Estado (República Democrática del Congo).
Su biografía, eso sí, no resulta tampoco poco enrevesada. En 1997, Kabarebe era nombrado Jefe del Estado Mayor del Congo por el fallecido presidente Laurent-Désiré Kabila, tras su valiosa ayuda en la derrota del sátrapa Mobutu Sese Seko. Aunque es en su papel de ministro de Defensa ruandés (cargo al que accedió en abril 2010) donde la polémica parece perseguir su figura en mayor medida.
Esta semana, un informe confidencial de Naciones Unidas acusaba a Kabarebe de «comandar» a los rebeldes del M23 que se encuentran amotinados al este del Congo . De igual modo, el documento asegura que sus tropas proporcionaron apoyo armamentístico a los sublevados.
A principios de abril, decenas de excombatientes de la milicia tutsi Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo desertaron de las fuerzas estatales (a las que se habían incorporado mediante los acuerdos del 23 de marzo de 2009), y generaron un nuevo movimiento denominado M23, precisamente en honor a esta histórica fecha.
¿El castigo internacional hacia Ruanda por estos presuntos crímenes? Un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente. Sí, no han leído mal .
Menos de 24 horas después de la difusión del informe, Ruanda era elegida nuevo miembro (durante dos años a partir de enero de 2013) de un órgano que, paradójicamente, ha denunciado en repetidas ocasiones el «apoyo exterior» que reciben los rebeldes del Congo
Sin embargo, ésta será la segunda vez que Ruanda se sienta en el Consejo de Seguridad, tras su periplo entre 1993 y 1994 (los años más convulsos y sangrientos de su historia).
Una polémica elección , que ejemplifica de forma perfecta la doble moral del organismo con respecto al país africano.
Cadáveres en el armario
Y los ejemplos no escasean. En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputaba a 40 militares ruandeses por delitos de genocidio y lesa humanidad , y aseguró tener «indicios» para actuar también contra el presidente del país, Paul Kagame.
En aquellos crímenes, cometidos en el periodo 1990-2000, resulta notable la figura de Laurent Nkunda, por entonces líder de la guerrilla tutsi del CNDP (recuerden, germen del actual M23), y que fue detenido a comienzos de 2009 por sus propios aliados ruandeses; en la reciente estrategia abierta por el Gobierno de Kigali para eliminar a testigos molestos del pasado.
Con el apoyo explícito de Kagame, el CNDP arrasó la región congoleña del lago Kivu en su afán de evitar «el genocidio que los hutus estaban practicando contra los tutsis al este del Congo». Entre sus principales «méritos» se encuentran la matanza de más de 160 civiles en 2002 en la región de Kisangani, o el reclutamiento de más de 2.500 niños soldado.
Pero la relación entre Nkunda y Kagame, pese a ser conocida por la opinión pública desde hace años, no fue denunciada por la ONU hasta diciembre de 2008. En un informe realizado por cinco observadores independientes, se detallaba cómo el Gobierno de Kigali participó en «el reclutamiento de soldados, incluidos niños» , así como facilitó la provisión de «equipamientos militares a los hombres de Nkunda».
Ahora, y sin haberse practicado detenciones por los crímenes pasados, la historia se repite en Ruanda. Aunque el premio -un puesto como miembro no permanente Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- sea aún mayor.
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