Las víctimas, más protegidas

El Gobierno pretende minimizar los efectos de lo que se conoce como «segunda victimización» , el proceso posterior a la denuncia durante el que la colaboración con las fuerzas de seguridad o con la Administración de Justicia se convierten en una fuente de padecimiento añadido para las víctimas.

Prestar declaración en varias ocasiones o ponerse frente a frente con el agresor son situaciones que poco ayudan a las víctimas a recuperarse del trauma sufrido. Sobre todo las más vulnerables ( menores de edad, personas con discapacidad ) o aquellas que han padecido delitos de especial gravedad ( delitos sexuales, trata de seres humanos, terrorismo, violencia sobre la mujer, grandes siniestros con víctimas múltiples ).

Para evitar esta «segunda victimización», el texto prevé, en palabras de Ruiz-Gallardón, «reducir al mínimo el posible contacto con el agresor y los interrogatorios» . Los menores víctimas de algún delito no tendrán que prestar declaración en el juicio, situación que produce un «efecto castigador» y dificulta el normal desarrollo del niño. Las declaraciones y exploraciones se grabarán y bastará con reproducirlas durante las sesiones de la vista oral.

El Estatuto garantizará el derecho de las víctimas a estar informadas durante el procedimiento penal (fecha y lugar del juicio, notificación de sentencias, medidas cautelares) y, cuando se cumplan determinados requisitos, les permitirá recurrir los autos de sobreseimiento o libertad condicional del agresor aunque no estén personadas en la causa.

También se les orientará sobre cómo interponer una denuncia , se les ofrecerá asistencia, asesoramiento legal y acceso a medidas de protección. Se reconocerá su derecho a estar acompañadas por un abog ado.

Con este Estatuto, España será pionera en la Unión Euro pa al convertirse en el primer país que reúne en un único texto legislativo el catálogo de derechos de las víctimas . La elaboración del Estatuto tiene su origen en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo aprobada el pasado 12 de septiembre.