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La nueva ministra de Cultura y Comunicación de Francia, Aurélie Filippetti, criticó ayer la ley contra las descargas ilegales que sacó adelante el expresidente Nicolas Sarkozy. Lo hizo ayer por última vez –en una entrevista con Nouvel Observateur–, pero su rechazo a la llamada ley Hadopi no es nueva.
«No ha cumplido su misión de desarrollo de la oferta legal», aseguró, y denunció el elevado coste del equipo que se encarga de enviar correos electrónicos a los usuarios sospechosos de piratería (12 millones de euros anuales). Filippetti no oculta su interés en desmantelar este departamento, y de momento ya ha anunciado que reducirá los recursos destinados al mismo. La ministra concretará los ajustes en otoño, cuando se cumplen tres años de la puesta en marcha de la ley.
La norma fue aprobada en 2009 después de numerosos trámites parlamentarios. Uno de sus puntos más polémicos es la posibilidad de interrumpir la conexión a los usuarios que cometan act0s de piratería en repetidas ocasiones. La Autoridad de Protección de Obras en Internet (Hadopi) se encargada de localizar a los «infractores», advertirles de los peligros de su conducta y, si la falta se produce tres o más veces, tramitar la solicitud para que un juez autorice que se le corte la conexión a Internet.
La ley Hadopi contempla penas de hasta un año sin acceso a Internet
La ministra de Cultura ha explicado que el cometido de Lescure es realizar «un verdadero balance de la evolución del uso de los contenidos culturales digitales», y espera que su análisis esclarezca «las necesidades legales para que Internet se convierta en una de las fuentes de financiación más importantes de la cultura».
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