El plan de los funcionarios

EN los últimos cuatro años, debido a la carencia de liderazgo en el Gobierno de España, las cosas se hicieron muy mal. Se despilfarró con alegría desmedida. Y las comunidades autónomas dejaron de aportar su grano de arena a la estabilidad que España necesitaba para crecer. Ahora, parecen decididas a pasar página y terminar con los excesos de aquellos años de Gobierno socialista. El reciente acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de establecer un ajuste de 18.000 millones de euros significa un paso importante en ese sentido. Pero es sólo el primer paso de una maratón cuya meta está signada por ese 1,5% de déficit que exigen el Gobierno de España y la UE.

Dentro de ese compromiso autonómico general, Canarias no falló. El plan del Gobierno canario recibió su aprobado. Y eso está muy bien. Aunque el cumplimiento de una obligación no concede patente de corso para criticar, como ha hecho el consejero González Ortiz, a aquellas comunidades que no lo consiguieron. Lo digo por aquello de que, si escupes hacia arriba, el gargajo podría caerte encima. No obstante, el Gobierno regional no debería caer en la autocomplacencia. Debe continuar con los ajustes necesarios hasta alcanzar esos 800 millones de euros que le permitan cumplir con el objetivo. Aunque tengo dudas bastante razonables al respecto. Porque mientras el presidente Rivero dice que no tiene dónde recortar, un grupo de funcionarios, que se supone son los que mejor conocen la Administración, le ha propuesto un plan de reequilibrio que le ha desbaratado sus argumentos. Con ese plan, se pueden ahorrar 1.000 millones de euros sin subir impuestos, reducir los salarios de los funcionarios o poner en peligro la calidad de los servicios públicos. Y, además, se pueden eliminar unos 1.000 cargos; empresas públicas; gastos superfluos; subvenciones a organizaciones empresariales, sindicales y políticas, así como organismos tales como el Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social e Instituto Canario de Estadística, cuyas tareas pueden ser desempeñadas por aquellos que ya existen en la Administración del Estado.

En fin, que con este llamativo plan de ajuste, este grupo de trabajadores públicos le ha echado un «envido» al Gobierno de Canarias, que podría terminar en «chico fuera» si se atreviese a «pegarle siete» sin tener las cartas adecuadas para imponer ese recorte de gastos al que está obligada nuestra Comunidad.