El naval gallego «sangra» dos millones al día mientras Almunia dilata la solución
El Gobierno podría modificar el impuesto de sociedades para resolver fiscalidad del naval
E. P. Rodríguez-somoza
La cifra es el resultado sobre las previsiones de construcción naval estimadas para este último año. Hasta ocho embarcaciones —ferrys y buques de apoyo a plataformas petrolíferas— podrían haber ocupado las gradas de los astilleros gallegos desde hace meses vacías. A 90 millones de euros ... de media por unidad, el cálculo matemático revela qu e esta industria «sangra» la friolera de dos millones de euros al día. La suspensión del denominado sistema de bonificación fiscal «tax lease», unido a la falta de fluidez en el crédito por parte del sector financiero, ha supuesto además el cierre de 200 empresas auxiliares —incapaces de atender incluso a la demanda internacional por falta de liquidez e inasumibles condiciones de pago— y la destrucción de cuatro de cada diez empleos, la mayoría en la ría de Vigo donde se concentra casi el 50% de los astilleros privados de España.
En tiempo de descuento, el sí de Bruselas a una alternativa válida al «tax lease» español se espera, hoy más que nunca, como «agua de mayo». En la que es la cuarta propuesta presentada ante las autoridades europeas, el Gobierno español cambia de estrategia. En su nuevo sistema combina hasta tres regímenes fiscales que ya se aplican en la actualidad y están autorizados.
El Ejecutivo central y la Xunta de Galicia siguen sin rendirse después de tres reveses y vuelven a notificar a la UE, está vez de forma oficial, un modelo que implica, entre otras cuestiones, l a modificación del Impuesto de Sociedades con el fin de que el sistema de bonificaciones fiscales se pueda aplicar a otros sectores y deje de ser considerado como ayudas de Estado. De este modo, la amortización acelerada o anticipada, que antes se daba en la industria naval, ahora se aplique a cualquier sector que fabrique productos cuya construcción se demore más de un año y que no se hagan en serie.
La negativa de Almunia
La negativa europea, encabezada por el Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia , a la aplicación del modelo galo en España se justificó en un marco jurídico y fiscal, calificado por Bruselas de «selectivo»; extremo que ahora quedaría resuelto en este nuevo esquema. Un régimen que no incluye ninguna fórmula que pueda entenderse como ayuda estatal —interpretación que motivó la demanda de Holanda sobre la exención fiscal española—, y que es compatible con la legislación europea.
Era el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el que en la mañana de ayer confirmaba el envío de la alternativa a Bruselas, dejando los detalles de su contenido al consejero de Economía e Industria, Javier Guerra. La noticia, y posterior ratificación por parte de la CE, desmentía al socialista Almunia, quien este martes trasladaba a PSOE y BNG que t odavía no había recibido una propuesta en firme por parte de las autoridades españolas, desatando así las críticas de la oposición.
Al respecto, el titular económico gallego censuró la «indolencia» que ante este problema mostró el anterior Ejecutivo central , al tiempo que acusó al actual comisario de la Competencia de «tender una trampa para ganar tiempo» . Según dijo, durante este tiempo, desde el cambio de gobierno en España, «se han producido muchísimas reuniones informales" con las autoridades europeas y si no hubo una propuesta formal, como se quejó Almunia, es por su propia intransigencia». Fuentes del Ministerio de Industria confirmaban a este periódico recientes reuniones entre el ministro José Manuel Soria y el propio Almunia. Para Guerra, esta solución coloca a los astilleros españoles, de nuevo, en igualdad de condiciones para competir con los de países que sí disfrutaban de regímenes fiscales especiales. Ahora habrá que esperar dos meses para que las autoridades europeas hagan sus consideraciones.
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